El objetivo es que quienes participen, lo hagan siendo parte de colectivos políticos que adquieran responsabilidad pública, por lo que se debe combatir la presencia episódica e irresponsable de grupos políticos, colocando una serie de requisitos para la inscripción de partidos y candidaturas. Esto se debe hace a través de una Ley de Partidos Políticos que debe centrarse en por lo menos 3 áreas: fundación de partidos políticos, democracia interna y financiamiento de los partidos políticos.
Un partido político para ser inscrito debe presentar una lista de adherentes equivalente al uno por ciento del número de inscritos en el padrón electoral. Los adherentes no son militantes, motivo por el cual un elector puede firmar por listas distintas. El partido político debe presentar a los miembros de su junta directiva, un programa o ideario, un representante legal, tener local nacional y equivalente en por lo menos 14 circunscripciones departamentales. La pérdida de la inscripción del partido político se origina cuando éste no logra una votación en listas parlamentarias, superior al 5%. Perderá también su inscripción sino interviene en procesos electorales, sean parlamentarios o municipales, cosa que no sucede ahora. En este último caso deberá hacerlo en por lo menos un tercio de las circunscripciones en competencia. Esta medida evita la existencia de partidos efímeros y sin responsabilidad política.
Con relación a la democracia interna, ésta se encuentra centrada en la elección de su cuerpo directivo y sus candidatos en competencias electorales. Para el primer caso se trata de elecciones internas de los militantes del partido político. Esta se debe realizar, cada dos años, simultáneamente en todos los partidos políticos legalmente inscritos, con el apoyo de los organismos electorales. En cambio, los candidatos para las competencias nacionales, se elegirán a través de primarias abiertas en cada circunscripción, también en forma simultanea entre los partidos políticos inscritos.
Finalmente, con relación al financiamiento de los partidos políticos, la ley debe tratar de normar sus economías, bajo el criterio de la transparencia en los ingresos y los gastos, así como de una mayor equidad entre los competidores. Los ingresos de los partidos políticos deben estar cubiertos por financiamiento público, como ocurre en muchas democracias, incluidas las latinoamericanas. Una de las fórmulas podría ser proporcionar 50% del total, en partes iguales a todos los partidos políticos legalmente inscritos y el otro 50% en relación al número de escaños en el Congreso. Los partidos políticos no podrán recibir ingresos de fuentes extranjeras y/o corporaciones económicas y deben presentar obligatoriamente al JNE, la contabilidad de los gastos. Estos elementos pueden ayudar a crear las condiciones del surgimiento de partidos políticos democráticos, responsables y enraizados nacionalmente. Solo así se tiene una democracia de mejor calidad.
(Canal N, Jueves, 26 de agosto de 1999)