Es conocido que el rechazo a la política en nuestro país es alto y, dentro de ella, hacia los partidos políticos. Han pasado de las antiguas organizaciones de militantes a vehículos personalistas o “vientres de alquiler” de candidaturas de todo color.
Los representantes y autoridades electas tienen débiles vínculos con las organizaciones que los llevaron a dichos cargos, y luego de la elección toman caminos distintos que tienen que ver con proyectos individuales, alejados de los colectivos de un partido político. Esto es permitido por una dinámica personalista de los líderes que termina por alentar un transfuguismo posterior, haciendo más precaria la vida partidaria y por donde se abre paso, también, la mercantilización más creciente de la política. Situación que no solo se observa a nivel nacional, sino también subnacional. No hay, pues, carreras políticas, prácticas democráticas ni participativas en los partidos políticos, que ya no cumplen una adecuada función de intermediación.
Pero no solo se tiene esta fisonomía partidaria extendida, sino que el número de organizaciones que adquieren inscripción es alto, con lo que los problemas se multiplican, ya que un sistema partidario que reposa en estas características es incapaz de generar efectos positivos en el sistema político en su conjunto.
El informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política ha propuesto una serie de medidas para enfrentar esta grave situación. Estas tienen que ver con el origen de toda la cadena de representación, la inscripción y la cancelación de los partidos políticos.
Para la inscripción de un partido se propone, por ejemplo, la eliminación del requisito de las firmas de adherentes y que este sea reemplazado por la presentación de una relación de militantes en número no menor del 0,075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones para el Congreso. El padrón de afiliados deberá ser público y sus actualizaciones deberán ser permanentes y en tiempo real.
Asimismo, para dar salida a organizaciones pequeñas se propone la posibilidad de las fusiones entre partidos, entre organizaciones políticas regionales y entre partidos y organizaciones políticas regionales. A nivel regional, si esto se logra en más de la mitad del número total de departamentos, se podrá constituir un partido político nacional, siempre que cumplan los demás requisitos aplicables a los partidos políticos.
En el caso de la cancelación de un partido, esta opera si no alcanza al menos cinco (5) representantes en la Cámara de Diputados o al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional, o por no alcanzar al menos tres (3) representantes en la Cámara de Senadores y haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional en la elección para la Cámara de Senadores. De existir alianzas entre partidos políticos, dicho porcentaje se elevará al uno por ciento (1%) por cada partido adicional.
Se pierde la inscripción también si un partido no participa en las elecciones para elegir representantes a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, o si no consigue superar el 1,5% del número de electores de la última elección general en las elecciones internas de candidatos. Finalmente, la inscripción también se pierde por el incumplimiento, en reiteradas ocasiones, de las normas de financiamiento.
Con estas medidas se busca separar las organizaciones políticas reales de aquellas que no lo son. Sincerar el campo de la competencia es vital para que los siguientes pasos que presenta el informe, por su carácter integral, puedan tener un impacto positivo.
*El autor es ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (El Comercio, jueves 28 de marzo del 2019).