Si bien muchos Centros Poblados, al ser lo niveles primeros de ocupación territorial, particularmente en zonas rurales, sufren la exclusión y al abandono, la salida que se está planteando parece ser la menos conveniente. Pretender otorgar la calidad de gobierno local enfrenta una serie de problemas que no deben soslayarse. Somos el único país latinoamericano con una dualidad de gobierno local (provincial y distrital) y que cuenta con mayor número de municipalidades (1828), con lo que los escasos recursos terminan deshilachados. Lo peor es que no existe información precisa y confiable sobre el número, ubicación y naturaleza de los Centros Poblados. La cantidad de habitantes y linderos, forman parte también de información inexistente o incompleta.
El tema es que si prospera y se aprueba la norma por el Congreso, las autoridades de este nuevo nivel de gobierno local deberían ser elegidas por el voto universal, directo, secreto y obligatorio de sus ciudadanos, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales del próximo año. Esto exige, sin embargo, un planeamiento y un presupuesto no contemplado al ya recargado calendario electoral del 2006. Pero, el gran obstáculo es que el padrón electoral, escalón primero e indispensable para organizar elecciones, no se podría elaborar pues los electores están registrados solo hasta el nivel distrital, más no a un nivel de un casería, anexo, etc. que es los que conformarían los Municipios de Centros Poblados. Hacerlo, requeriría un proceso largo y oneroso que no se ha podido realizar, ni siquiera para la elección de jueces de paz, que tiene mandato constitucional. Existe así una imposibilidad técnica y presupuestal que se constituye en un obstáculo para la elección de autoridades al nivel de Centro Poblado. Esto es un tema que hay que tener en cuenta para tomar una decisión adecuada, al lado de pensar en la conveniencia de hacer crecer unidades ejecutoras en un número mayor a 3 mil 500 municipios, montando así una nueva burocracia. Las demandas de los Centros Poblados, la gran mayoría muy pobres, deberán ser atendidas de manera integral, pero no a costa de hacer estallar el ya precario proceso de descentralización.
(El Comercio, 1 de junio 2005)