Hasta el 2010, la elección de las autoridades regionales tenía el mismo formato que las municipales. A la lista que ganaba se le otorgaba la mitad más uno del número de consejeros regionales, para que el Presidente tenga mayor capacidad ejecutiva. Así funcionan las alcaldías en todo el país desde que son elegidas por el voto popular.
Sin embargo, en el 2009, con el incremento de los conflictos sociales, se interpretó que estos estaban en relación directa con el porcentaje obtenido por los presidentes regionales. Se decide modificar el sistema electoral. De esta manera, desde las elecciones del 2010, para alcanzar la presidencia se requiere superar el 30% de los votos. Por eso en catorce departamentos habrá segunda vuelta a inicios de diciembre.
Este invento francés del siglo XIX tiene dos propósitos. Otorgar mayoría absoluta de votos al presidente de la república –que es solo jefe del Estado y no de gobierno– y a los parlamentarios elegidos en circunscripciones uninominales y reducir el número de partidos. El sistema se importó a América Latina, con la creencia de que sus efectos positivos se darían de la misma manera.
Para modificar la norma, en el 2010, los congresistas se enfrentaron a un problema. Para la elección regional se votaba, como para los municipios, por listas. Decidieron entonces separar la elección de presidente y vicepresidente, por un lado, y la de los consejeros, por otro. La elección de los consejeros, a su vez, se estableció por provincia. Si en la práctica no existen regiones, sino departamentos, la elección de los consejeros provincializó la representación. De regionalización, nada.
¿Pero, cuáles han sido los efectos de esta modificación? En el 2010, quince candidatos lograron ganar en primera vuelta y diez fueron a la segunda vuelta. Este año, once superaron el umbral del 30% y, en catorce departamentos habrá segunda vuelta. Asimismo, el número de listas creció y la dispersión de los votos también.
En el 2010, de los diez casos de elección en segunda vuelta, en cinco de ellos, el que quedó segundo superó al primero. Entre ellos, resultaron ganadores los cuestionados Klever Meléndez, en Pasco, Wilfredo Oscorima, en Ayacucho y el prófugo Gerardo Viñas, de Tumbes.
Este año, cuestionados candidatos como Gregorio Santos, en Cajamarca, César Acuña, en La Libertad, por solo citar dos, no necesitaron segunda vuelta para ganar y, por el contrario, triunfaron con altas votaciones. Algo parecido ocurrió con el procesado presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Asimismo, en el 2010, gracias a haber separado la votación de consejeros regionales, la mayoría de los presidentes regionales carecieron de mayorías absolutas en los Consejos Regionales, como siempre ocurría antes con el sistema electoral anterior.
Este año, de los once que ganaron en primera vuelta, sólo en cinco casos, Amazonas, Cajamarca, Callao, La Libertad y Lambayeque, la organización ganadora de la presidencia regional logró la mayoría absoluta del Consejo Regional. Y, de los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional. Ante esto, los presidentes regionales han cooptado, presionado u ofrecido puestos a los consejeros que no son de su partido, cuando no, reparto populista a nivel provincial del presupuesto regional.
En consecuencia, el sistema de segunda vuelta, contra la extendida creencia, no ha logrado otorgar mayor legitimidad ni evitar la elección de candidatos cuestionados; tampoco ha reducido el número de partidos ni los conflictos sociales han disminuido. Por el contrario, se crearon otros problemas.
En un país, con instituciones débiles, organizaciones regionales exitosas, con ingentes recursos y poder, pero sin control, las reformas hay que pensarlas pues en términos más amplios. El sistema electoral tiene importancia, pero hay que conocer sus efectos y no atribuirle virtudes que no tiene, como la segunda vuelta regional, que solo ha generado mucho gasto al erario nacional (La República, 6 de diciembre del 2014).
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Sin duda un gasto innecesaria para una debil economia peruana, facilmente ese presupuesto serviría más destinandolo al sector educación o salud.