Para el reconocido politólogo Adam Przeworski, la democracia es el sistema en el que los partidos pueden perder elecciones. La frase parece obvia, pero encierra su exigencia más difícil: aceptar la posibilidad de la derrota y respetar el resultado aun cuando se pierde por muy poco.
En el Perú no todos los resultados ajustados han producido la misma reacción. Tampoco todos los desconocimientos son iguales. Hay una diferencia entre esperar el conteo, impugnar actas, denunciar fraude sin pruebas, movilizar seguidores, presionar autoridades electorales o intentar anular un proceso completo. Esa escala importa, porque permite distinguir conductas, sin absolver ninguna que debilite la confianza democrática.
En 2016, Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por menos de un punto. Demoró en reconocer, cuestionó el entorno de la campaña y luego el fujimorismo, con mayoría congresal, desarrolló una oposición que agravó la inestabilidad del gobierno. Pero en el momento electoral reconoció la derrota. No es un dato menor.
En 2021, frente a Pedro Castillo, la conducta fue distinta. Fujimori no solo demoró: habló de fraude, promovió nulidades masivas y convirtió la derrota en una narrativa de ilegitimidad. Las misiones de observación electorales no encontraron fraude que alterara el resultado, pero el daño ya estaba hecho: una parte del país quedó convencida de que le habían robado la elección.
Rafael López Aliaga siguió esa ruta. En 2021, fuera de la segunda vuelta, denunció que no permitiría que le “roben” la elección y luego sostuvo que el balotaje debía repetirse. En 2026, al quedar fuera por estrecho margen, elevó el tono: acusó fraude, atacó al JNE y a la ONPE, convocó movilizaciones y amenazó con desconocer la proclamación. No fue solo litigio electoral. Fue presión política sobre el árbitro.
Roberto Sánchez tampoco queda al margen. En la segunda vuelta de 2026, con una diferencia mínima a favor de Fujimori, denuncia manipulación del voto exterior, presenta recursos para anular la elección y convoca movilizaciones. Su actuación no reproduce exactamente la de López Aliaga, pero comparte un problema de fondo: si el resultado no favorece, se desplaza la disputa desde las actas hacia la legitimidad del sistema.
No se trata de exigir resignación automática. En democracia se puede impugnar, fiscalizar y exigir transparencia. Pero cuando se acusa fraude sin prueba suficiente, cuando se moviliza para presionar al árbitro o cuando se pretende anular la elección porque se perdió por décimas, ya no se defiende el voto: se erosiona la democracia. La prueba no está en ganar. Está en perder por poco y aceptar que las reglas también valen cuando nos derrotan (Perú21, lunes 22 de junio del 2026).