Más de 35 millones de soles ha presupuestado el Ejecutivo para transferir a los partidos políticos en el 2026, en concepto de financiamiento público directo—una cifra que ha generado profundo rechazo ciudadano. Comparativamente, el presupuesto para este rubro en el 2025, prácticamente se ha triplicado. Este es un buen ejemplo de cómo cualquier acción de un gobierno y un Congreso ya muy desprestigiados suele ser desaprobada. Pero conviene aclarar: el Estado no puede transferir montos superiores a lo que ya establece la ley. El alza se explica por tres factores: el incremento de la UIT, un mayor número de votantes y la implementación del nuevo Congreso bicameral.
La discusión real no es la legalidad, sino la pertinencia. En Perú, los partidos políticos siguen siendo estructuras endebles, con militancia mínima, escasa identidad colectiva y altamente personalizadas. Son, en la práctica, incapaces de sostenerse con recursos propios. Y aunque esta debilidad no es excluyente de nuestro país, aquí el fenómeno es especialmente agudo. Se han convertido en organizaciones que, prácticamente, viven de aportes privados y del Estado, tal como ocurre también en casi toda la región salvo Venezuela.
La lógica que subyace a esa dependencia es sencilla: los aportes privados suelen buscar preservar intereses, y a menudo se convierten en brecha para la influencia indebida o, en casos extremos, para el financiamiento ilegal. Para contener esa distorsión se incorporó el financiamiento público, como lo estableció nuestra ley de partidos políticos de 2003 y se operacionalizó desde el 2017.
Tras más de ocho años de implementación, lo que se observa en los partidos es, con frecuencia, un uso cuestionable de estos fondos. Diversos informes periodísticos han documentado malversación o aprovechamiento indebido de recursos públicos, en lugar de destinarlos a la formación de cuadros o fortalecimiento institucional. Es difícil exigir profesionalismo cuando la dirigencia carece precisamente de formación adecuada.
Y en medio del paquetazo de reformas impulsadas para enfrentar las elecciones del 2026, paradójicamente no se ha abordado esta falla de raíz. Lo único que se ha modificado es la reincorporación de las donaciones de empresas privadas al financiamiento partidario. Lo público, en cambio, permanece intocado. De nuevo, la lógica está invertida.
En conclusión, no basta con que el presupuesto esté dentro de la ley. Lo que necesitamos es una revisión profunda del sistema de financiamiento político. De lo contrario, seguiremos financiando instituciones débiles que reproducen sus mal formaciones en vez de promover democracia (Perú21, lunes 8 de setiembre del 2025).