El proceso de consulta popular de revocatoria ha puesto en evidencia que la norma que la sustenta, promulgada hace casi dos décadas, crea más problemas que los que resuelve. Pero las reformas que se realizaron, crearon aún más problemas. Por ejemplo, cambiar la revocatoria de una autoridad en relación con el universo de electores por el de votos válidos, no es otra cosa que dejar vulnerables a las autoridades. Nuestro marco permite, incluso, que una autoridad pueda ser revocada con menos votos que los que consiguió para ganar la elección.
Lo mismo sucedió con la ley de elecciones regionales, al construir la representación del consejo regional de uno por provincia, creando un sistema electoral de mayoría de facto, contrario al que señala la Constitución, que exige representación de las minorías. Al reformar la ley, no se corrigió este tema, sino que se introdujo la segunda vuelta electoral para la elección del presidente y vicepresidente del gobierno regional. Hoy un gran número de estos gobiernos no tienen mayoría en el consejo regional, con lo que se dificulta su gestión.
En el caso de la ley de partidos políticos que, al cabo de casi una década de haberse promulgado, muestra la necesidad de ajustes en varios de sus artículos, cuando esto sucede, se modifica la norma, pero de manera errada. Es así que el cronograma que tenía un acertado criterio de orden, fue cambiado por otro en el que la inscripción de partidos, de alianzas, de candidaturas y elecciones internas, se superponen de tal manera que ahora es un desorden monumental.
Podemos seguir con los ejemplos y pasar el listado de normas y reformas electorales, que han resultado inadecuadas e insuficientes para poder superar los problemas que plantea la competencia por el poder. Ante esta situación se ha observado un considerable número de propuestas. Sin embargo, es probable que se vuelva a caer en el mismo problema, más allá de la buena voluntad de los parlamentarios.
En el Perú, a diferencia de otros de nuestra región, las normas referidas al campo de la competencia reglada por el poder (elecciones) y sus actores principales (partidos, candidatos y electores) se encuentran dispersas en un número alto de leyes, reglamentos y resoluciones. Esta situación crea vacíos, contradicciones y confusión en el momento del desarrollo de un proceso electoral.
La propuesta de un Código Electoral busca unificarlas y sistematizarlas en un solo cuerpo normativo y de esta manera superar los problemas actuales que ocasionan tan dispersas normas electorales. Así lo muestra el Código Electoral presentado por el JNE y la propuesta de la Onpe, aun cuando fue retirada hace pocos días.
En ambos casos, para permitir una aprobación más sencilla de la norma, se evita plantear una reforma constitucional para varios temas que, aun cuando de suma importancia, requerirían de la aprobación del Congreso con una mayoría tan amplia, que difícilmente un parlamento tan fragmentado como el nuestro puede producir.
Es decir, un código presentado por los organismos electorales, y que sea el producto del consenso, tiene la ventaja de ser el trabajo de especialistas en la materia. Nadie más que ellos para presentar una propuesta que ajuste y mejore las diferentes fases del período de un proceso electoral y de consulta popular. Pero además, las propuestas tienen la ventaja de ofrecer una mirada totalizadora del campo que se busca reformar y no de manera parcial, con las consecuencias antes anotadas.
En las propuestas se encuentran temas que contribuyen al desarrollo del proceso electoral, pero sobre todo se aclaran, en los mejores términos, las reglas de juego por el poder. Si este año no se aprueba un código electoral, no habrá manera que esto se produzca en el 2014 por ser año electoral y el siguiente, como ha ocurrido antes, se habrá apagado el ímpetu reformador que todo parlamento produce. Así habremos perdido todos y solo tendremos reformas parciales que solo producirán efectos menores, cuando no negativos (La República, 14 de febrero del 2013)..
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