Paraguay podría dejar de ser colorado. Un outsider, el ex obispo Fernando Lugo a la cabeza de una alianza de liberales y partidos de centro e izquierda, encabeza las preferencias electorales y podría dar fin a un largo período de gobierno del Partido Colorado (PC). Una Misión del Centro Carter, me llevó hace unos días al país del arpa y el guaraní.
Casi a dos décadas del golpe que derrocó a Alfredo Stroessner (1912-2006), siete veces elegido presidente de la república a lo largo de sus 35 años de gobierno, queda aun huella de aquella dictadura. Pero la historia siguió, pues desde el presidente Andrés Rodríguez (1989-1993), pasando por -el primer civil- Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), Raúl Cubas (1998-1999), Luis Ángel González Macchi (1999-2003) y el actual Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), Paraguay no ha dejado de ser gobernado por el PC.
Sin embargo, el clima electoral no es el mejor. Los actores políticos se enfrascan en enfrentamientos que los llevan violar normas. Dentro de este cuadro, el presidente Nicanor Duarte Frutos tuvo el propósito de reelegirse a través de una reforma constitucional que no prosperó. Posteriormente, se posesionó de la presidencia del Partido Colorado y se inscribió como candidato a una senaduría. Ambos casos prohibidos -según señalan sus oponentes- por la normatividad vigente. Lo anterior es interpretado como uno de los pasos conducentes a mantener el control del poder. Es así que apoyó la candidatura de las internas de su partido a Blanca Ovelar, a quienes los opositores consideran una persona que respondería a sus intereses más directos. Ésta, venció en las internas del Partido Colorado al vicepresidente Luis Castiglioni, quien denunció fraude a favor de la candidata apoyada por Nicanor Duarte.
La oposición está dividida en sus variadas expresiones. Uno de ellas, es la que encabeza el favorito el obispo católico Fernando Lugo. Consiguió el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), segundo partido organizado del país, que conjuntamente con pequeñas agrupaciones de centro e izquierda constituyeron la Alianza Patriota para el Cambio.
El segundo en las encuestas es el general (r) ex colorado, Lino Cesar Oviedo, quien por su participación en una asonada golpista de la década pasada, purgó cárcel y fue vetado para participar en las anteriores elecciones. Ahora es candidato por su partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, proveniente del Partido Colorado.
Finalmente, pero con casi nula posibilidad se encuentra el empresario Pedro Fadul, por el Partido Patria Querida, quien en anteriores elecciones obtuvo buenos resultados. Esta vez la dispersión de la oposición y la aparición de Lugo, le han restado alguna posibilidad de triunfo.
Construir estas candidaturas ha costado a los partidos un serio desgaste producido por las desavenencias entre sus corrientes internas. Todo lo anterior lleva a un posible escenario en donde nadie tendría mayoría absoluta en el parlamento, con la probable precariedad institucional.
Existe casi unanimidad que el gran problema de las presentes elecciones se traduce en la pérdida de confianza en el órgano electoral, el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, derivado de un conflicto público y violento que libran los magistrados entre sí. Ellos representan a los partidos Colorado y Liberal.
Es así que se habla frecuentemente de la posibilidad de un fraude, en un país en donde denuncias de esta naturaleza, suelen ser comunes. Un ejemplo reciente es el caso del reconocimiento público que hizo el senador Juan Carlos Galaverna, en relación a la alteración de los resultados de las internas coloradas, en 1992. Si bien desató algunas reacciones, no provocó ninguna denuncia formal en su contra.
Sin embargo, en esta oportunidad en donde no es seguro el triunfo del oficialismo, dichos procesos internos han sido intensamente competitivos, pero de la misma manera cuestionados. Esto se explica, en parte, por la baja institucionalidad (ausencia de reglas claras que se respeten) al interior de las organizaciones. Las numerosas apelaciones sobre los resultados de las internas, no recibieron resoluciones favorables de la Justicia Electoral, por lo que sus promotores se sienten frustrados, constituyéndose algunos, en opositores de los candidatos oficiales de sus partidos.
Uno de los aspectos más criticados y preocupantes, es el uso de los recursos públicos que favorecen directa e indirectamente a la candidatura oficial. La publicidad sobre las obras de gobierno se ha acentuado y la ley electoral no limita adecuadamente su uso. Contrapesando lo anterior, se observa en Paraguay a la mayoría de los medios de comunicación opositores al gobierno, lo que permite que se mantenga una circulación de información y crítica de manera libre, elemento crucial en un proceso con los cuestionamientos arriba anotados.
Si bien se está delante de un proceso en donde se observa un deseo gubernamental de inclinar la balanza a favor de la candidata oficial, no es claro que esto será necesariamente así. Observadores, medios y los propios opositores tienen aun los recursos para evitarlo, pero sobretodo existe un escenario que muestra a la candidata oficial en un tercer lugar de las preferencias electorales y con el tiempo en contra, para revertir la situación.
