Medios, financiación y elecciones

A) Espacios publicitarios. Una de las formas más frecuentes de la comunicación política en la campaña electoral es la utilización de los espacios públicos, por dónde transitan con mayor frecuencia los potenciales electorales. De esta manera en muchos países se cede, de forma gratuita, determinados espacios públicos para la realización de actividades electorales y para la colocación de una publicidad de los candidatos. Esta distribución debe responder a criterios democráticos de igualdad, aunque otras legislaciones pueden apelar a criterios de porcentaje de votos o bancadas previamente establecidos.
B) Espacios gratuitos en medios de comunicación públicos. Al igual que el caso anterior, las legislaciones modernas permiten a los candidatos disfrutar de espacios gratuitos en los medios de comunicación públicos (diarios, radios y televisión). Si bien en Europa éstos tienen una importancia mayor que en América Latina, en esta región también se establecen normas de distribución gratuita para los candidatos.
Los principios que deben regular esta materia son: gratuidad de los espacios para todas las candidaturas, neutralidad informativa de los medios de comunicación que debe abarcar no sólo los espacios de campaña electoral sino el conjunto de la programación informativa; respecto al pluralismo político, por lo que no se debe excluir la información sobre una determinada candidatura; prohibición o fuertes limitaciones a la posibilidad de contratación de espacios de publicidad, que en cualquier caso deben aparecer perfectamente diferenciados de los espacios informativos, y distribución de éstos, conforme a criterios objetivos y preestablecidos.
C) Espacios en los medios de comunicación privados. Las normas más frecuentes suelen señalar los límites en la emisión de propaganda, y en los gastos que pueden realizar así como la prohibición a los medios de comunicación de discriminar a determinados candidatos en cuanto a la posibilidad de comprar o emitir su propaganda política.
El interés de los partidos por mantener un funcionamiento continuo y permanente, de llegar al electorado a base de nuevos y más costosos medios y estrategias propagandísticas, motivó que la recaudación de fondos se convirtiera en un problema. De esta manera, a lo largo de la década del 80 América Latina rehabilita los procesos electorales como elemento central de la competencia por el poder, reanimado el papel y el funcionamiento de los partidos en el escenario políticos, colocándolos frente al problema de la recaudación de fondos necesarios.
En la actualidad las regulaciones sobre la financiación de las campañas electorales pueden realizarse a través de recursos públicos, privados o mixtos. El financiamiento público se refiere a los recursos brindados por el estado rigiéndose por una serie de factores como en los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras, en los se toma en cuenta el número de votos obtenidos en las elecciones para asignar el presupuesto.
El uso de los recursos del Estado permite evitar que las agrupaciones o candidaturas accedan a fuentes de financiamiento extrañas, tales como empresas u otros sectores que más tarde intentarán cobrar el apoyo.
El financiamiento privado se obtiene de diferentes fuentes, como el aporte de los afiliados a sus partidos o agrupaciones políticas; con donaciones, el aporte de los propios candidatos o por actividades que realizan las organizaciones políticas.
En cambio, la financiación mixta consiste en un sistema en el que participan el Estado y las propias agrupaciones políticas. En este caso, el financiamiento estatal es como propaganda gratuita en medios de comunicación del Estado y la publicación de los planes de gobierno en el diario oficial, como ocurre en el caso del Perú.
(El Peruano, 9 de marzo del 2000)