Las elecciones –y el voto a través de ellas- constituyen una parte sustancial y consustancial de la democracia. De ella depende el nacimiento de su representación y es el único medio que permite la legalidad y legitimidad de origen de los gobiernos y asambleas. Si bien es cierto que en muchas democracias existe el voto voluntario, también es cierto que en democracias antiguas como Bélgica, Luxemburgo o Australia existe el voto obligatorio y hasta hace relativamente poco Holanda y Austria lo aplicaron. En América Latina, salvo Colombia, Nicaragua y ahora Venezuela –lo implantó en 1994, bajando la participación en la quinta parte-, el resto de países el voto es obligatorio.
La aplicación del voto voluntario debe partir también de preguntarse de si una baja participación electoral sería un problema para la democracia ¿Quiénes serán los primeros en no votar? ¿los ricos, los pobres, las clases medias? ¿en la urbe, en el campo? ¿los jóvenes, las mujeres, los analfabetos? ¿todo esto importa? ¿tiene algún impacto sustancial? Si la respuesta es no, la defensa del voto obligatorio no tiene sentido y se muestra débil.
Sin embargo, parece que en el Perú sí resulta un tema importante y no sólo normativo –la ley señala que un 50% de ausentismo exige una nueva elección- sino que una baja participación electoral ha ocasionado en varias oportunidades cuestionar a las autoridades. Por lo tanto, sería conveniente que se considere que el voto voluntario generaría una disminución de la participación, en algunos casos se cuestionaría a las autoridades elegidas y probablemente franjas importantes de la población no votarían consecutivamente, como sucede en Colombia, sintiéndose alejadas del estado y de sus instituciones. No menos importante es que el Tesoro Público deberá incrementar el presupuesto de los organismos electorales quienes –increíblemente, pero así es la ley- viven hasta en dos terceras partes de las multas por no asistir a votar. Por lo tanto, el voto voluntario, sino se discute seriamente, puede ser una respuesta incorrecta al problema del desinterés y rechazo de la política y a la mala representación política.
(El Comercio, 2 de febrero del 2005)