“Antología romántica” y “Mi gallo es el chancho” no son libros de sellos editoriales de los muchos que se presentan en estos días en la Feria Internacional del Libro (FIL), sino editados por los partidos Perú Libre y Renovación Popular. El primero, un libro de poemas de varios autores, entre ellos Waldemar Cerrón, su mamá la señora Bertha y otras figuras del partido Perú Libre. El segundo es un libro de 40 páginas escrito por el comunicador Francisco de Piérola sobre su amistad con Rafael López Aliaga. Más allá de la calidad de los textos, el problema es que fueron producidos con los fondos públicos que reciben los partidos, según un informe más de Latina, que se ha encargado de develar el mal uso de los recursos públicos.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate que suele plantearse de manera equivocada. Los partidos necesitan financiamiento público porque, sin recursos, dependen aún más de grandes aportantes o del dinero ilícito. Esa fue la razón por la que la Ley de Organizaciones Políticas (2003) incorporó este mecanismo, siguiendo una práctica extendida en casi toda América Latina. Su finalidad era fortalecer las organizaciones, formar dirigentes, capacitar a sus miembros y difundir propuestas para mejorar la representación política.
Desde 2017, cuando empezó a ejecutarse este sistema, los partidos han recibido más de S/ 138 millones. La ley dispone que hasta la mitad se destine a gastos ordinarios y el resto a formación, capacitación, investigación y divulgación. El diseño buscó reducir la dependencia de intereses privados y contribuir a la institucionalización de organizaciones históricamente débiles.
Sin embargo, las rendiciones de cuentas y los reportajes de Latina muestran que algunos partidos han optado por destinar parte de esos recursos a informes de escasa utilidad, maestrías en universidades extranjeras para dirigentes y ahora publicaciones cuya relación con el fortalecimiento partidario resulta, por decir lo menos, discutible. Quizá esos gastos no vulneren la ley, pero sí desnaturalizan el propósito del financiamiento público.
La experiencia demuestra que el problema no radica en la existencia del financiamiento, sino en las reglas que permiten interpretaciones demasiado amplias sobre su uso. No es posible prever cada exceso, pero sí establecer criterios más claros, reforzar la supervisión y exigir una rendición de cuentas que privilegie el fortalecimiento institucional antes que los beneficios particulares o la promoción de dirigentes.
Cada gasto injustificable termina debilitando la confianza ciudadana en un instrumento indispensable para la democracia. Sin financiamiento público, los partidos volverán a depender con mayor intensidad de intereses económicos y recursos de origen ilícito. Con ese comportamiento, los partidos terminan escribiendo su peor libro: el del descrédito del financiamiento público (Perú21, lunes 3 de agosto del 2026)