Mientras en otros países de la región la presidencia se ha fortalecido, en el nuestro languidece. El Congreso se ha encargado de debilitarlo tanto hasta convertirlo en lo que ahora es Balcázar. Un presidente tan anodino que no se da cuenta de su propia insignificancia. Ocho presidentes en una década es un listado oneroso de un cargo vaciado de poder. El Congreso sustrajo al presidente de la república la función de gobernar y lo redujo a una mera jefatura de Estado. Casi protocolar.
El diseño de nuestro régimen político terminó siendo -cuántas veces se ha señalado- un presidencialismo parlamentarizado, que no ha soportado ni permitido el tan mentado equilibrio de poderes, base de una democracia que es el sistema del poder limitado. Somos el único país cuyos poderes del Estado tienen una caja de herramientas llena de armas que, combinadas, son letales: interpelación y censura ministerial, cuestión de confianza, disolución del Congreso, a las que se ha sumado, desnaturalizada e indebidamente, la vacancia presidencial.
Solo un mal diseño puede producir una presidencia tan vulnerable como la de PPK y una oposición tan fuerte como la de Fuerza Popular, en 2016. Y fue en aquel año cuando comenzó el ciclo de la inestabilidad y el debilitamiento del poder presidencial. Presidentes sin bancadas o con bancadas diminutas han sido presa de coaliciones parlamentarias que inclinaban la balanza hacia el parlamento, que no tuvo -aún en estos sus últimos días- empacho alguno para legislar para ellos y los suyos, acosar al Ejecutivo hasta volverlo cautivo, al igual que al Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y van por más.
Gracias a Fuerza Popular se aprobaron leyes de impacto presupuestario en miles de millones de soles anuales para cultivar lealtades antes de disputar la presidencia. Redujo plazos de prescripción en investigaciones por corrupción, flexibilizó normas contra el crimen organizado y otorgó exoneraciones tributarias a sectores con poder de negociación. Cada votación era un acuerdo de intereses concretos. La suma de esos acuerdos, más los sectores organizados que hoy los defienden y no están dispuestos a soltarlos, es lo que espera a Keiko Fujimori desde el 28 de julio.
Gobernar con esa herencia no es una contradicción del sistema: es la consecuencia de lo que la bancada decidió. Para combatir la inseguridad necesita normas que su propio partido ayudó a debilitar. Para contener el gasto tiene que contrariar a los sectores que la respaldaron en el camino. Y para cambiar algo necesitará los votos de quienes tienen interés en que nada cambie (Perú21, lunes 13 de julio del 2026).