Difícilmente el debate habrá resuelto el problema de fondo: muchos ciudadanos no sienten que estén ante dos proyectos convincentes, sino ante una decisión empujada por el miedo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan al 7 de junio con una legitimidad de origen estrecha. En primera vuelta sumaron alrededor del 29% de los votos válidos. Más de siete de cada diez electores eligieron otra alternativa. Ese dato no invalida la elección, pero obliga a mirar con cuidado la naturaleza del mandato que surgirá de ella. Quien gane tendrá legalidad, pero no necesariamente una mayoría política detrás.
La campaña ha buscado ordenar el escenario en torno al temor por el “mal mayor”. De un lado, se sostiene que votar por Keiko es cerrar el paso a una izquierda asociada al comunismo, al desgobierno, la improvisación y la sombra de Pedro Castillo. Del otro, se afirma que votar por Sánchez es impedir el retorno de un fujimorismo que carga con una historia autoritaria, una práctica de obstrucción política y una vocación de control institucional. Ambos argumentos tienen asidero. Pero reconocer los riesgos de una candidatura no obliga a absolver a la otra.
Por eso resulta discutible presentar el voto blanco o nulo como irresponsabilidad. Es una opción válida. No es abstención ni indiferencia. Es ir a votar y decir que ninguna de las dos alternativas merece respaldo. Se puede considerar que Keiko representa continuidad con una forma de poder que debilitó instituciones y protegió la corrupción. También se puede considerar que Sánchez no ofrece garantías suficientes de solvencia, autonomía y gobernabilidad, sobre todo por sus vínculos con el castillismo y Antauro Humala. Rechazar ambas posibilidades no es inmadurez política; puede ser una conclusión razonada.
Algunos partidos y líderes que quedaron fuera de carrera han optado por alinearse con una candidatura. Otros han decidido no apoyar a ninguna o incluso llamar al voto viciado. Esa diversidad confirma que no hay una única conducta democrática aceptable. Votar por uno para bloquear al otro es legítimo. Votar blanco o nulo también lo es. Lo que no resulta legítimo es colocar una superioridad moral sobre quienes no quieren ser incorporados por la fuerza a una polarización que no los representa.
Tampoco conviene sobredimensionar sus efectos. El voto blanco y nulo nunca ha anulado una elección presidencial en el Perú y el umbral legal es extremadamente alto. Su valor no está en producir una repetición electoral, sino en expresar un desacuerdo político. Es una señal sobre la crisis de representación y la pobreza de la oferta electoral.
La segunda vuelta decidirá quién gobernará. Pero no puede obligar a todos a fingir entusiasmo. En democracia, elegir entre dos opciones es un derecho. Negarse a respaldar a ambas, también.