Entre el desinterés ciudadano y el escaso poder efectivo que hoy tiene el Ejecutivo, la presentación del gabinete encabezado por Denisse Miralles ante el Congreso para solicitar el voto de confianza pasa casi desapercibida. Después de tantos cambios políticos y ministeriales, no sería extraño que muchos peruanos ni siquiera sepan con claridad quién ocupa hoy la presidencia de la República.
El voto de confianza tiene un propósito claro dentro del diseño constitucional. Permite que el presidente del Consejo de Ministros exponga la política general del gobierno y solicite respaldo político para ejecutarla. No es, al menos en teoría, un simple trámite formal. Debería ser el momento en que el Congreso evalúe si el gabinete cuenta con las condiciones políticas necesarias para gobernar.
El problema es que se trata de un mecanismo propio de los regímenes parlamentarios que nunca terminó de encajar en un sistema presidencial como el peruano, donde quien gobierna no es el primer ministro sino el presidente de la República. De allí que, a lo largo de un mismo periodo presidencial, varios jefes de gabinete deban acudir al Congreso a presentar una y otra vez la “política general del gobierno”, incluso cuando el programa es esencialmente el mismo.
La lógica constitucional es conocida. Si el Congreso niega la confianza, el gabinete debe renunciar. Si esto ocurre nuevamente con otro gabinete, el presidente puede disolver el Congreso. Pero en esta ocasión hay un elemento adicional: al encontrarnos en el último año de gobierno, la Constitución ya no permite ejercer esa facultad.
En la práctica, además, rara vez el debate gira alrededor de las políticas públicas. La investidura suele convertirse en un escenario de señales políticas, advertencias y presiones para provocar cambios ministeriales. Lo que debería ser un debate programático termina reducido a un episodio más del cálculo político.
El resultado es un Estado parcialmente paralizado. Ministros que no saben si continuarán en sus cargos y un amplio sector del funcionariado que tampoco sabe si seguirá en la administración. Si se otorga la confianza, el margen de acción será mínimo hasta julio; si se niega, vendrá otro gabinete y se repetirá la misma incertidumbre.
Antes incluso de la presentación formal del gabinete Miralles, varias bancadas ya han adelantado condiciones o advertencias. El voto de confianza aparece así menos como una evaluación del programa gubernamental y más como un instrumento de presión política.
La presentación del gabinete Miralles no es solo una prueba para el gobierno de Balcázar. Es también el cierre de un mecanismo. Con el próximo Congreso bicameral desaparecerá el voto obligatorio de investidura. El gabinete seguirá presentándose ante el Parlamento, pero sin consecuencias políticas directas. El cambio no es necesariamente negativo. El problema es que llega sin un rediseño claro del equilibrio entre poderes (Perú21, lunes 16 de marzo del 2026).