Juró el gabinete presidido por Ernesto Álvarez Miranda, compuesto por dieciocho carteras, de las cuales solo cuatro están encabezadas por mujeres. Bautizado como “Gabinete de Transición y Reconciliación”, reúne a funcionarios con experiencia en la administración pública, pero con escaso perfil político.
Cuenta con la venia del Congreso, pues varios ministros provienen de espacios técnicos apadrinados por la coalición parlamentaria mayoritaria y han sido funcionarios del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, salvo el premier —históricamente ligado al Partido Popular Cristiano—, ninguno de los demás ministros posee trayectoria política visible. El gabinete, más que un proyecto de poder, parece una fórmula de contención institucional: un Ejecutivo técnicamente sólido, pero políticamente frágil.
Álvarez no es un tecnócrata neutro. Ex presidente del Tribunal Constitucional, ha sido un político hábil, conocedor de las reglas del juego y cercano al gobierno de Dina Boluarte, al que defendió con vehemencia. Su nombramiento garantiza, al menos, experiencia política y capacidad de interlocución con el Congreso, pero también lo asocia al continuismo que muchos cuestionan. En él recae la tarea de sostener a un presidente interino sin estructura partidaria ni base social.
El resto del gabinete, con la excepción del canciller Hugo de Zela, está integrado por figuras poco conocidas. En otro momento, esto no sería un problema. Hoy, en cambio, un gobierno débil necesita ministros con peso propio, capaces de combinar técnica y política. La apuesta por perfiles discretos puede volverse un riesgo en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa el país.
La primera gran prueba será el paro convocado para mañana. Si la respuesta del Ejecutivo reproduce la estrategia represiva del gobierno vacado, el gabinete podría perder en días la autoridad que aún no ha ganado. La historia reciente demuestra que los tecnócratas mejor formados suelen tropezar cuando enfrentan la calle.
La dupla Jerí–Álvarez carga con una misión compleja: conducir al país con estabilidad hasta el 26 de julio de 2026 o naufragar en el intento. Su reto no será solo administrar, sino gobernar políticamente: mantener el orden sin autoritarismo, recuperar la confianza y cerrar un ciclo de inestabilidad que amenaza con volverse permanente.