La Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado un dictamen que modifica varios artículos de las leyes de elecciones y de organizaciones políticas, y es posible que se apruebe en el próximo pleno. Sin embargo, presenta problemas. A diferencia de la propuesta de los organismos electorales, el dictamen altera una serie de fechas clave en el calendario electoral, fundamentales para el desarrollo del proceso electoral de 2026. Cada hito de este proceso marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, y estas fases son preclusivas. La duración de cada etapa del proceso electoral es un aspecto que, por su especialización y experiencia, corresponde definir a los organismos electorales. No obstante, el Congreso, a pesar de haber recibido a sus autoridades y conocer sus propuestas, ha decidido acortar los plazos. Esto no toma en cuenta que, a diferencia de 2021, en las próximas elecciones participarán aproximadamente 2,5 millones de electores más, podrán competir cerca de 50 partidos políticos en lugar de los 18 de la elección anterior, y se llevarán a cabo cinco elecciones simultáneas. En este contexto, los votantes deberán emitir hasta ocho votos preferenciales, y la cantidad de candidatos podría superar los diez mil. Claramente, este escenario exige más tiempo en cada etapa del proceso electoral. Si el nuevo cronograma se aprueba, aumentarán los riesgos de errores, incumplimiento de plazos y dificultades en el desarrollo de la elección. El Congreso tiene la función de legislar, pero sus leyes deben sustentarse en criterios técnicos y no únicamente en decisiones políticas.
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