Sin duda, después de diciembre y enero, este es el tramo de Gobierno con mayores dificultades porque se han juntado temas que, si antes eran de preocupación, ahora son de alarma, como la economía y la inseguridad. No hay visos de reacción de parte del Gobierno, que mantiene en el sector Interior, por ejemplo, a un ministro incompetente.
—¿Podría esto resentir la coalición con el Congreso?
—Este es un Gobierno absolutamente dependiente del Congreso, pero igual lo necesitan. El Ejecutivo no va a hacer nada contra el Legislativo ni contra sus decisiones, que rayan ya en medidas antidemocráticas. Necesitan a Dina Boluarte y a Alberto Otárola, quien, finalmente, es el gobernante de facto. De acá para adelante es difícil decir algo porque no estamos frente a actores previsibles, sino a actores con intereses cruzados. Lo que sí sabemos es que el Congreso busca mantenerse.
—Lo decía porque ya se empiezan a notar fricciones entre ambos poderes y que antes no se veían. En las marchas, la defensa al Gobierno fue cerrada.
—No se puede descartar que el Congreso censure ministros, incluso a un gabinete, pero eso no pondrá en cuestión la continuidad del Gobierno. Podrían hacer control político y eso no negaría la convivencia Ejecutivo-Congreso.
—Podrían hacer control político a propósito del viaje de Boluarte a Estados Unidos. Al parecer, la agenda con la que pidió permiso al Congreso para salir del país no era real.
—Está instalada la idea de que el marketing, en este caso gubernamental, puede suplir a la realidad. Estos viajes tienen el propósito de crear una mejor imagen internacional que no hay, que está muy mellada. Hemos visto viajes innecesarios, incluso frívolos, y el Congreso da esas facilidades porque también negocia cosas. Cuando hablamos de una armonía entre ambos poderes no significa que se anulen fricciones necesariamente. El Parlamento tratará de actuar en ciertos temas para contentar a la opinión pública.
—¿Suscribe la idea de que el intento de captura de la JNJ lo que busca en realidad es controlar las elecciones?
—Desde el 2016 se ha instalado en el Congreso la idea de que no solo tiene poder, sino que puede tener más poder. Lo hemos visto cuando ha modificado leyes, normas, y cuando ha designado autoridades. Hay una frase recurrente que se escucha y que no tiene nada que ver con la organización de un Estado de derecho…
—¿Que el Congreso es el primer poder del Estado?
—Así es. Es una frase muy antigua. Pero no existe un primer poder del Estado. Si no se conocen los límites del propio poder, las fronteras se cruzan. Los congresistas creen que pueden avasallar a los demás poderes bajo la idea del control político. En un Estado de derecho, los poderes no solamente se interrelacionan, sino también se controlan. Y la pregunta es ¿quién controla al controlador? Se ha acotado mejor la destitución de congresistas cuando delinquen…
—Aunque igual tratan de protegerse entre ellos.
—Claro. Ahora bien, la única institución de control para el equilibrio de poderes era la disolución del Congreso. Tenía que ser entendida dentro de un armazón institucional. Lo que pasa es que se habla de eso y los congresistas se erizan, dicen “dictadura”. No. Este es un mecanismo de los parlamentarismos y ahí nadie se ofende. La idea es que, ante una crisis total, la disolución le entrega al pueblo la posibilidad de resolver la situación mediante su voto y una nueva representación en los distintos poderes. Pero acá el Congreso cree que es el primer poder del Estado y por eso puede avasallar. El caso de la JNJ es lo más claro. Bajo la excusa de la “causa grave” se han presentado estas denuncias construidas sin racionalidad y sin debido proceso. No han destituido a los siete miembros porque no tienen los votos todavía, así de simple.
—Por eso irán por el plan B, que es sacar a algunos.
—Y si lo hacen, se van a sentir absolutamente protegidos porque no existe un mecanismo alguno de respuesta. Podría ser el Tribunal Constitucional, pero quienes lo integran resultan ser en realidad los hijos predilectos del Congreso, y así han actuado. Entonces, estamos en una situación institucional que no teníamos antes. Con Castillo, gobierno nefasto y débil que terminó como terminó, había controles de todo tipo. Y ahora hay un Legislativo que semanalmente acomete prácticas de todo tipo. Cuando un poder como el Legislativo no tiene límites, ya estamos hablando de otra cosa. Por eso se habla de un Perú con una democracia híbrida, o que estamos ad portas de dejar de ser una democracia representativa.
—¿En qué posición se inscribe?
—Creo que aún tenemos instituciones que funcionan, pero algunas podrían dejar de hacerlo. La propia JNJ, recién ahora último, está siendo cuestionada. Como no les gusta algunas de sus acciones, van sobre ella, como van sobre los organismos electorales. La justicia debe ser protegida del poder político. Un juez no puede ser imparcial si es acosado y acechado.
—En el Perú había acuerdos mínimos, por ejemplo, de respetar resultados electorales. Eso se ha perdido.
—Se ha perdido, se ha perdido.
—Por eso creo que lo más preocupante de lo de la JNJ es la posibilidad de influir en los resultados electorales.
—Claro. Hay una preocupación en dos sentidos. La JNJ nombra y ratifica a jueces y fiscales. Eso no se puede dejar de lado. A estos políticos, la independencia judicial no les gusta. Sobre lo otro, si algo ayudó en este siglo a consolidar la democracia, fue el prestigio de los organismos electorales. La campaña ha sido tan tremenda contra ellos que hay una franja de la opinión pública que ha consumido esta campaña de desinformación. El pudor se ha perdido. Y no se dan cuenta de que eso irá en su contra. No lo entienden. Porque son políticos amateurs y cortoplacistas. Por eso recortan facultades del Ejecutivo como si ellos no aspiraran nunca a ser Gobierno. Se están peleando por la mejor tajada en medio de este caos y abuso del poder (La República, lunes 6 de noviembre del 2023).