Para decirlo nuevamente con claridad: Ninguna reforma política tendrá un efecto severo sobre la calidad de las instituciones y la representación que se elegirá en el 2024. El nivel de deterioro de la política peruana, que ya cuentan años, es tan hondo que requerirá tiempo reconstruirla. Puede haber mejores reglas y diseños institucionales y aun así no estará garantizada una mejora de la calidad de los políticos. Es como construir un edificio moderno e inteligente con normas para los que la habitan, pero nada garantiza su buen uso y mantenimiento.
Entonces ¿por qué persistir en reformas políticas y colocarlas como condición para la realización de elecciones? En realidad, es mejor aprobarlas y tener un tiempo de ajustes y maduración que no tenerlas. Si no se hubieran aprobado algunas reformas estaríamos peor. Abren siempre una oportunidad, por lo que se debe aprovechar, manteniéndola y complementándola. Por lo tanto, no se debe alimentar falsas expectativas. Una cosa es tratar de trazar el norte y otra asegurar que llegamos en un solo paso. Bajo estas consideraciones, la pregunta de siempre es ¿cuáles reformas? El fraccionamiento parlamentario ciertamente dificulta los acuerdos, pero siempre hay que proponer las reformas imprescindibles.
La mayor, la bicameralidad; compuesta por una cámara de diputados de 130 elegidos por regiones con un máximo de tres a cuatro escaños, dividiendo Lima en al menos 12 circunscripciones. Su número debe estar establecido por ley, reajustándose en cada elección. En el caso del Senado, para evitar la concentración del poder y equilibrarlo al interior del Parlamento, lo adecuado serían dos escaños por región, de manera paritaria, como en Estados Unidos, Argentina o Bolivia. La renovación a la mitad del período de cinco años, debe ser también de la mitad de ambas cámaras. Eso permitiría que tanto gobierno como oposición pongan a prueba su legitimidad y reajustando la representación al ánimo ciudadano.
La elección del Parlamento (sin voto preferencial) debe realizarse a las cuatro semanas de la elección presidencial y, si se diera el caso, coincidiendo con la segunda vuelta presidencial. Lo adecuado sería que los candidatos presidenciales sean, a su vez, candidatos al Senado, permitiendo que los líderes de los partidos dirijan sus bancadas, las cohesionen, eleven el nivel del debate y se responsabilicen políticamente.
Las funciones deben ser asimétricas, la Cámara de Diputados legislando y realizando el control político. La del Senado, es la Cámara revisora y la encargada de la designación de autoridades y su juzgamiento. Diseñado el Parlamento, lo importante es establecer un adecuado equilibrio de poderes con el Ejecutivo. Estamos llenos de mecanismos parlamentarios mal importados. Se deben retirar las armas letales de esta conflictiva relación de poderes, eliminando la disolución del Congreso, pero permitiendo solo censurar gabinetes completos y hasta un máximo de dos. Vale recordar que la aplastante mayoría de ministros que han renunciado a lo largo del siglo, no lo han hecho bajo la figura de la censura.
Al lado, se debe cambiar la vacancia del presidente de la República “por incapacidad moral” a “por permanente incapacidad física y psíquica”, incorporando la figura de “juicio político”, una de cuyas causas es la de corrupción, así como la de golpe de Estado.
La bicameralidad es la madre de todas las reformas. No se trata simplemente de agregar una Cámara y escaños; se trata de remodelar un edificio, lo que cuesta tiempo, y seleccionar mejor a sus huéspedes, así como incentivar a los buenos para que ingresen a la política, dejando fuera a los aventureros y a los que cargan una mochila de intereses ilegales (El Comercio, lunes 2 de enero del 2023).