Es entendible el rechazo que provoca la Bicameralidad en nuestro país. Pero, también es cierto que, un diseño de parlamento así es muy superior al que tenemos y padecemos. El dictamen de la Comisión de Constitución, ha avanzado bien en la parte concerniente de la forma de elección de las cámaras, dejando muchas decisiones a las leyes correspondientes y en las funciones. Pero, incluir a las autoridades de los organismos electorales entre las pasibles de ser acusados constitucionalmente es un error y altamente peligroso. Es la Junta Nacional de Justicia (JNJ) quien remueve a los jefes de ONPE y RENIEC y podría ser la encargada de ser lo propio con los miembros del JNE. Pero que lo haga el parlamento, donde se encuentran los partidos en competencia es un peligro mayúsculo. No cabe duda que luego de cada elección, estaríamos delante de un escenario donde veríamos sentados en el banquillo de los acusados a las autoridades electorales.
Pero en donde se encuentran las mayores problemas es en los artículos referidos al equilibrio de poderes en donde inclina aún más la balanza a favor del Congreso. No se ha hecho un esfuerzo de diagnóstico de la realidad para hacer los ajustes necesarios. La realidad no existe, sobre todo lo que ha mostrado estas tres últimas décadas.
Se mantiene el el artículo de la vacancia presidencial sobre la “permanente incapacidad moral” (art. 113), que se ha desnaturalizado al extremo y donde solo vale conseguir los 87 votos, como ha ocurrido hasta ahora. Por el contrario, se debe eliminar ese artículo, pero ampliar el artículo 117, incorporando la figura del “juicio político” al presidente de la república, para los casos de violación de derechos humanos, corrupción y otros delitos graves, en un procedimiento garantista, del que hoy se carece.
La desnaturalizada vacancia presidencial lleva a crear incentivos perversos. Desde el 2016 -y va a seguir para los próximos-, se trata también de deshacerse de los vice presidentes y que, por sucesión, el presidente del Congreso pase a ser presidente de la república. Quien gana una elección, es un partido y este debe gobernar durante el mandato y no pasar a otro como ocurre ahora. Esto se puede solucionar si los los miembros de las fórmulas presidenciales deben ser las cabezas de las listas al Senado. Esto permitiría que los líderes políticos se encuentren el cámara alta, dando cohesión a sus bancadas y se mantiene una real sucesión sí, como en Estados Unidos y otros países, el vicepresidente del partido ganador encabeza el Congreso. Se corta el incentivo perverso que existe hoy.
El Congreso debe disolverse como está ahora pero eliminando la solicitud obligatoria de voto de confianza al inicio de cada gabinete. De la misma manera, si el último año de mandato no se puede disolver el Congreso, este tampoco podría censurar un gabinete ministerial. Hoy, en el último año, el ejecutivo está desamparado.
Finalmente, cada vez estoy mas convencido de la necesaria renovación parcial. Esto con el propósito de limitar los excesos del poder a favor del presidente (1980-1985, 1985-1990 y 1992-2000) o del Congreso (2016-2021). La elección a mitad del mandato de, a su vez, de la mitad de la Cámara de Senadores y Diputados, incentivará un mejor desempeño gubernamental y opositor por ganar o no perder escaños en el Congreso, sobre todo en un país con cambios tan pronunciados de las opinión pública.
No hay un diseño perfecto ni congresistas que saldrán de solubles tierras fértiles de nuestro paramo político. Un parlamento Bicameral siempre traerá oportunidades para mejorar, el unicameralismo ha demostrado que no traerá ninguna (El Comercio, martes 21 de junio del 2022).