¿Cómo se puede pedir adelanto de elecciones y respetar las reglas de juego democrático? No es fácil conjugar ambos propósitos. Pedro Castillo, con independencia de su Gobierno, ganó las elecciones de un proceso legítimo. Pero esa legitimidad de origen no devino en una de desempeño. Rápidamente Castillo dilapidó su capital político, pues incapacitado para gobernar permitió el destrozo de las pocas políticas públicas que aún funcionaban, llevando su gobierno a niveles de desgaste, deterioro y corrupción, en tan poco tiempo que no se recuerda algo igual. El término adelantado de su mandato cobra fuerza y amplitud. La diferencia existe en cómo se tiene que producir. Y es que, pese a que Castillo tenga la mayor responsabilidad, el Congreso pasa a ser parte del problema en el marco de una crisis de la representación e instituciones generalizada.
Sí, es posible poner fin al mandato de manera anticipada. Esto pasa por un acuerdo político, como ocurrió en el 2000, que permita que este se materialice en modificaciones legales e incluso constitucionales. El serio problema de la representación política es de tal naturaleza que, si se busca una real salida a esta profunda crisis, será necesario reformas de orden electoral y política. De lo contrario, la representación será igual a la que tenemos y no habrá cambios significativos.
Las reglas mínimas tendrían que ser aquellas que permitan la participación, la legitimidad y la estabilidad de las instituciones. Eso pasa por la apertura de la oferta electoral, que implica la inscripción de partidos con militantes con al menos del 0.5% del padrón, elecciones primarias como lo determina las dos veces suspendida ley, con un umbral del 3% para organizaciones políticas, eliminación expresa del voto preferencial, elecciones parlamentarias coincidentes con la hipotética segunda vuelta electoral, permitir que los candidatos presidenciales puedan ser también al parlamento, reelección inmediata de todas las autoridades elegidas, salvo lo del presidente de la república, con un límite de tres mandatos. Finalmente, deberán ser impedidos de candidatear los que hubieran sido sentenciados por delitos dolosos graves.
Una vez elegidos los representantes, el acuerdo político deberá incorporar al menos las siguientes medidas: creación del Senado, con circunscripciones paritarias de dos representantes por cada una, en el marco de un Parlamento Bicameral con funciones asimétricas, con una Cámara de diputados, que debe tener base territorial de circunscripciones con no más de cuatro congresistas, debiendo renovarse parcialmente a mitad de mandado. Esto sobre la base de un diseño de relación de poderes Ejecutivo y Legislativo, con niveles de pesos y contrapesos reales y efectivos, que pasa por la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, censura solo del Gabinete ministerial, impedimento en el último año de censura de gabinetes y disolución del Congreso. Asimismo, se debe añadir la eliminación de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República e incluir la figura del juicio político. Finalmente, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Jurado Nacional de Elecciones de manera escalonada, una por año.
Si bien es cierto tanto el presidente como la mayoría de los parlamentarios están en contra del adelanto de elecciones, la salida a través del acuerdo político es la única que garantiza en algo, la viabilidad de nuestro país. Las otras salidas son antidemocráticas o insuficientes. No hay nada que nos indique que la élite política va a cambiar, pues ya han agotado las oportunidades y se han acentuado los efectos perversos de sus actos (El Comercio, martes 3 de mayo del 2022).