El Congreso y el Ejecutivo se han planteado una “tregua”. Ambos se han dado cuenta que no tienen la fuerza para deshacerse del otro y, peor, temen hundirse en medio de la crisis. Esta es, pues, una tregua producto de los temores. Pero el Gobierno y la oposición tienen más en común que lo que aparentan. Más allá de los discursos de mutuas descalificaciones, comparten una vena antireformista. Por eso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, parece inamovible y ni si quiera es interpelado. Por eso, se combate a la Sunedu y se quiere dar marcha atrás a la reforma universitaria. Por eso, no habrá reforma policial ni reforma política. Y es que Perú Libre y Fuerza Popular tienen muchos intereses en común, mucho que proteger. Sin embargo, esto no quiere decir que esta tregua vaya a durar. No se trata de un acuerdo político, ni tampoco de una propuesta que permita ubicar los temas graves del país con el propósito de resolverlos.
La tregua no se sostendrá porque, como se sabe, el Gobierno no tiene norte y lo encabeza un presidente con graves problemas de conocimiento y experiencia. Varios sectores son foco de inoperancia con vicios de corrupción que saltarán por todos lados. Es el resultado del tipo de relación patrimonial, amiguismo y populismo que Pedro Castillo conoce y promueve. El Congreso tendrá que responder ante la presión de la opinión pública. Eso llevará a poner en la mesa interpelaciones, censuras y el desgaste del Gabinete. Nuevamente estaremos delante del escenario en donde Gobierno y la oposición se muestren los dientes. Las salidas que favorezcan solo al gobierno o a la oposición serán engañosas, pero el impacto en la vida, ya castigada, de todos los peruanos será severo.
De igual forma, si uno observa la incapacidad de las élites y la poca luz al fondo del túnel es porque la calidad de ellas es realmente penosa. Salvo contados congresistas de diversas bancadas, la aplastante mayoría tienen un escaño porque los partidos no atraen a buenos cuadros, sino a personajes que buscan en la política el asalto al Estado, la impunidad y, cuando no, la promoción o protección de intereses mercantilistas. En este plano, el Gobierno y la oposición se parecen más que de lo que se diferencian. El incentivo para el ingreso de este personal es alto, como lo es el desincentivo de personas de mayor calidad, pero esto tampoco esto es nuevo. Se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y el último quinquenio -con tres composiciones del Legislativo- esto ha recrudecido mucho más. El debate público es muy pobre y las salidas, borrosas.
¿Qué ocurre cuando existen estas situaciones de bloqueo? Los políticos pueden llevar las situaciones negativas al límite, pero la ciudadanía y la opinión pública pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Nuestra historia está plagada de ejemplos. El último ocurrido cuando se precipitó la caída del Gobierno de Manuel Merino en el mes de noviembre de 2020. Movilizaciones espontáneas, descentralizadas y masivas.
Es decir, las élites pueden hacer y deshacer, hasta que la ciudadanía pasa a ser activa y movilizadora. El problema es que, en muchos casos, esta movilización puede tener un alto costo que incluya la lamentable pérdida de vidas.
No obstante, si no nacen nuevos liderazgos que abran un nuevo curso de salida para recuperar las instituciones y tener una mejor representación ampliando la oferta electoral e implementando nuevas reglas en una reforma política, se regresará a lo mismo con nuevas caras y viejas costumbres. Esto hará que regresemos, nuevamente, al muro de las lamentaciones (El Comercio, martes 22 de febrero del 2022).