“Es una cosa de locos”. En verdad, una cosa de preocupación. La formación de profesionales en el Perú ha sido la gallina de los huevos de oro, para algunos; y la graduación fácil, para otros. Mercantilismo y mediocridad se han dado la mano. Por eso, el esfuerzo de una de las pocas políticas de Estado, la reforma universitaria, ha estado en la mira de muchos políticos para desarmarla. Particularmente, la mira ha estado sobre la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
Desde que se inició la reforma universitaria, en todas composiciones del Parlamento se han presentado proyectos de ley con el objetivo de socavar la capacidad de la Sunedu de supervisar a las universidades y exigirles condiciones básicas de calidad, en beneficio de sus estudiantes y de la sociedad en general.
Los proyectos que se han presentado en el actual Congreso no son novedosos, pero la situación actual es más preocupante; puesto que, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora el Ejecutivo no demuestra apoyo decidido a la Sunedu. Por el contrario, cuando se le ha preguntado sobre el tema al ministro de Educación, Carlos Gallardo, sus respuestas han sido elusivas.
El licenciamiento de las universidades, que ha sido un proceso largo y complejo, terminó por no otorgar la licencia a 48 universidades privadas, cuna de la pura ganancia y la mediocre formación de profesionales. Era una estafa revestida de servicio educativo superior. ¿Y quiénes pagaban las consecuencias de ello? Sus alumnos, quienes luego de invertir tiempo y dinero, caían en la cuenta de que no contaban con las habilidades necesarias para desenvolverse como profesionales en el campo que hubieran escogido. Y, quizás, lo peor era que sus grados y títulos carecían de valor en el mercado laboral.
No sorprende que los promotores de estas universidades estén ahora entre los principales opositores de la reforma. Es así como deben interpretarse estas iniciativas legislativas: como la reacción contra reformista de intereses que se han visto afectados por la llegada de un modelo regulatorio que pone por delante los intereses de los estudiantes.
Desde que instaló el nuevo Congreso, se han presentado nada menos que 30 proyectos de ley relacionados con temas universitarios. Los proyectos más peligrosos son aquellos que buscan darles “nuevas oportunidades” a las universidades con licenciamiento denegado, y especialmente el proyecto de ley del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, que busca eliminar el papel del Ministerio de Educación como ente rector de la educación superior universitaria en el Perú y convertir a la Sunedu en una entidad sometida a los mandatos de las universidades, terminando con su papel de regulador independiente.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para licenciarse, tuvo que desistir de seguir ofreciendo 142 maestrías, 3 programas de doctorado y 10 programas de pregrado. Eso explica, en parte, que la doctora Jeri Ramón, rectora de San Marcos, se haya convertido en una dura crítica de la labor de la Sunedu, y una de las impulsoras de las iniciativas legislativas que buscan prolongar el tiempo que tienen los catedráticos para cumplir con el requisito de haber sacado una maestría.
Los ataques a la SUNEDU no son nuevos. Se han dado prácticamente desde que se creó, y han arreciado desde que su accionar empezó a afectar los poderosos intereses relacionados con las universidades. La falta de respaldo del Ejecutivo es evidente. Una buena señal sería que el ministro de Educación salga públicamente a defender a la SUNEDU y la reforma universitaria. Pero, lejos de ello, es preocupante la cercanía que tienen altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente de la República, con promotores de universidades denegadas. La educación universitaria está así, en serio peligro (El Comercio, martes 30 de noviembre del 2021).