El gobierno de Pedro Castillo es minoritario, pero también débil, y será difícil que esto se revierta. El tema es que no lo asume porque no lo entiende. El enorme encargo que tiene hasta ahora le es imposible de sobrellevar. Sueña con un paraíso no capitalista, pero es incapaz de conseguir una coalición favorable en el Congreso y ha perdido todo frente a la oposición. Sumado a ello, ha nombrado a altos funcionarios con antecedentes penosos, cuando no penales.
Frente a este gobierno se ha desarrollado una oposición que se mueve al compás del sector más conservador y radical. Al igual que la campaña de la segunda vuelta, moviliza gente alrededor del anticomunismo, exigiendo no solo la renuncia de Guido Bellido y algunos de sus ministros, sino la vacancia presidencial. Esta última medida se escucha con frecuencia sin ningún cuidado y precisión. Aquí es donde varios han cruzado el Rubicón para, en nombre de la defensa de la democracia, pisotear las instituciones y el propio Estado de derecho. Se encuentran básicamente los que perdieron las elecciones –con sus altas dosis de clasismo y racismo– y los que se entusiasman a viva voz con la idea de un golpe de Estado.
Una parte de nuestras élites tiene una alterada forma de entender la democracia. No entienden que en ella las elecciones constituyen la única vía de acceso al poder, en el marco de un juego reglado, plural, donde conviven izquierdas y derechas, y gana quien tiene más votos. No necesariamente el mejor o quien tiene mejor programa o equipo de gobierno. Lo hace por un plazo determinado al interior de un diseño institucional, donde cada quien tiene una función limitada. Pues bien, guste o no, Pedro Castillo ganó las elecciones, y es algo que su competidora y aliados no podían aceptar, pese a todo el apoyo con el que contaron. Quieren, a como dé lugar, deshacerse de Castillo, y están dispuestos a retorcer nuevamente la Constitución a través de la discutible figura de la vacancia, interpretándola como si fuera un artículo referido a un juicio político, inexistente en el Perú. Si quieren esta figura, pues deben de proceder a cambiar la Constitución, no violarla.
¿Cómo hacer entonces? La propia norma provee los instrumentos. Este es un gobierno de minoría y, por lo tanto, existe mayor facilidad para controlar sus excesos, inoperancia e impericia política. Casi todo debe pasar por el Congreso: desde solicitudes del Ejecutivo de variados tipos y la designación de autoridades de alto rango del Estado, pasando por modificaciones constitucionales o haciendo uso de interpelaciones o censuras ministeriales. Querer usar subterfugios, cortes de camino o burlar las normas, convierte a los acusadores en falsos defensores del sistema democrático, como se vio en la sucia campaña por el fraude. Es por eso que no entendieron que defender la integridad de las elecciones no era lo mismo que defender la candidatura de Castillo, por lo que para conseguir la derrota de Perú Libre en las urnas valía todo. El fin justifica los medios y los miedos. Es decir, la democracia sirve cuando me conviene. Cuando no, miro de costado hasta incluso hacer un guiño a una bota militar (El Comercio, viernes 13 de agosto del 2021).