Si bien se ha inscrito un número alto de candidaturas, aún no sabemos cuántas quedarán en el camino, no solo presidenciales, sino para el Congreso. Deben de pasar partidos y candidatos por una serie de filtros que no todos pueden superar. En lo que va del siglo, una serie de modificaciones a las normas, que no tienen que ver con la reforma política, incorporaron requisitos y prohibiciones que tenían el propósito de transparentar y adecentar los procesos electorales. Esto era la consecuencia de un sistema partidista sumamente débil, poco representativo y que abría grietas para el ingreso de la corrupción. El problema es cuando los requisitos y prohibiciones se convierten en limitativos del derecho de participación política. Ese es el camino que estamos transitando.
La historia de la universalización del derecho al sufragio es uno de los núcleos centrales de la historia de la democracia en el mundo, en los que fueron dejándose de lado requisitos de raza, propiedad, género, educación y cualquier otra naturaleza. Finalmente quedaron requisitos mínimos para ejercer el derecho de votar y también para ser elegido. En nuestra Constitución, los requisitos para ser candidato a la presidencia se acotaron a tener 35 años (congresista, 25 años), ser peruano de nacimiento y gozar del derecho al sufragio. Nada más.
Sin embargo, en medio del desprestigio de los partidos políticos, las nuevas normas se inclinaron hacia una mayor regulación y se abrieron las puertas a la limitación de la inscripción y a la exclusión de candidatos, contando con el aplauso público. No se reparó ni se quiso entender que colisionaban con derechos fundamentales que la propia Constitución consagraba. De esta manera, se condiciona la inscripción de candidaturas a exigencias en el proceso de las elecciones internas, a la presentación del plan de gobierno y hoja de vida de los candidatos. En ese contexto, se crea la figura de exclusión para quien omita información en la hoja de vida y a los que prometan, ofrezcan o entreguen dinero, regalos o dádivas en la campaña electoral.
No se trataba de no regular, lo que existe en todos los países, sino de proteger el derecho a la participación política. Pero se hizo exactamente lo contrario y, tanto candidatos como organismos electorales cayeron en esta telaraña normativa. La consecuencia es que cada vez más son los candidatos excluidos.
La mirada debe ser distinta. Si, por ejemplo, un candidato miente u omite información en su hoja de vida, se puede colocar un cintillo dando a conocer esa falta, para que el elector conozca y decida libremente si vota o no por dicho candidato. No decidir por el elector, en un claro sentido paternalista. Lo mismo ocurre con el tema de las dádivas. Se trata pues de entregar la mayor cantidad de información, facilitar y agilizar la inscripción de las candidaturas y proteger los derechos fundamentales. El incentivo actual lleva al canibalismo, donde todos quieren tachar para excluir al competidor (El Comercio, lunes 4 de enero del 2021).