En política, no hay manera de enfrentar el COVID-19 sin reducir drásticamente la participación de los peruanos en la seguidilla de procesos electorales que nos deben de llevar al inicio de un nuevo mandato el 28 de julio del 2021. En esta columna, hemos propuesto reducir de cuatro a dos los procesos electorales (que se celebren solamente las elecciones internas de los partidos por Internet y una sola vuelta electoral presidencial), lo que permitiría reducir la movilización de personas de alrededor de 76 millones a 26 millones, y bajar el presupuesto de S/778 millones a S/295 millones. Es decir, menos gente movilizada, mayor seguridad sanitaria y, en consecuencia, mayor participación ciudadana en un solo proceso electoral, además de una cantidad considerablemente menor de dinero público utilizado.
Por eso, es necesario repensar los procesos electorales para conjugar adecuadamente los principios y procesos democráticos con la salud pública. De más está preguntarse de qué valdrá un proceso bien organizado si los ciudadanos, por temor, no participan en él. Si no se llega a ese punto de equilibrio, mucha gente preferirá pagar una multa antes de exponer su vida y salud, y la de su familia. De esta manera, se deben entender las elecciones como un medio para acceder al poder y no como un fin en sí mismo. Se trata de pasar, para el 2021, de un sistema de dos vueltas a uno de una sola vuelta.
El sistema de doble vuelta electoral o ‘ballotage’, que es un mecanismo que se aplica continuamente desde la V República en Francia, tenía como propósito acotar el número de partidos y que el presidente elegido tuviera una mayoría incuestionable. En América Latina, se importó este mecanismo que se extendió a muchos países empezando por Ecuador, en 1978, seguido del Perú, con la Constitución de 1979. Sin embargo, esa importación fue incompleta y, por lo tanto, errada. En Francia, primero se realizan las elecciones presidenciales en dos vueltas y, luego, las parlamentarias para la Asamblea Nacional en circunscripciones uninominales (también en dos vueltas). El resultado ha sido que el partido de gobierno obtiene la mayoría absoluta o la primera mayoría relativa, que se reduce moderadamente el número de partidos y que el presidente obtiene un apoyo electoral mayoritario.
¿Esto se logró en América Latina? No. El ‘ballotage’ solo opera para las elecciones presidenciales –no siempre simultáneas con las parlamentarias– y, al realizarse así, se quiebra la lógica francesa, por lo que el número de partidos no disminuyó, solo en la décima parte de los casos el presidente tuvo la mayoría absoluta y, en el caso extremo, un partido opositor, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría absoluta de escaños en el Congreso, mientras que al partido del candidato que ganó la Presidencia, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue la tercera fuerza parlamentaria con tan solo el 14% de los escaños.
Desde 1978, en América Latina, en 102 casos bajo el sistema de dos vueltas, el promedio del ganador de la primera vuelta ha sido del 43%. Tan solo en 18 casos se han revertido los resultados entre la primera y la segunda vuelta. En estos, solo seis superaron el 5% de diferencia. El caso más extremo de este fenómeno también se registró en el Perú, en donde Keiko Fujimori superó en la primera vuelta a PPK por una diferencia del 19%, pero perdió en la segunda.
El tema no es que el sistema de dos vueltas otorga más “legitimidad” que el de una sola vuelta, donde el promedio del ganador es del 50% de los votos. Ambos casos lo tienen, porque forman parte de sus reglas de juego aceptadas. Lo que aquí se propone es que, dadas las circunstancias de la pandemia y el riesgo del contagio, se regrese al sistema de una sola vuelta, como ocurría en el Perú –y toda América Latina– hasta 1980. Es un sistema que no resta legitimidad al ganador, Si se quiere, puede existir un umbral, por ejemplo, de un tercio de los votos para ganar. En caso contrario, el Parlamento elige al presidente de la República, lo que permite reales coaliciones de gobierno, que otorgan una base política al ganador. Esta salida permite, más que ninguna otra, mayor participación y garantía sanitaria a la ciudadana (El Comercio, jueves 21 de mayo del 2020).