Con profunda preocupación observamos el debate sobre la reforma política. Lo que presenciamos es un desconocimiento de la ley promulgada el año pasado sobre democracia interna, mostrando una gran dosis de temor, envuelto en prejuicios.
En el Perú, tenemos partidos y movimientos débiles, extremadamente frágiles, altamente personalistas, sin cuadros o militantes, que tienden a presentar candidatos no idóneos. Lo que suele ocurrir es que los cargos de elección popular se mercantilizan o, en otros casos, se deciden de manera arbitraria, autoritaria o improvisada por las dirigencias en elecciones no observadas. El resultado de todo esto es que los partidos y las organizaciones políticas regionales terminan colocando en cargos de representación a personajes sin mayor vínculo con el partido ni trayectoria partidaria o pública, lo que se expresa en malas gestiones, la desatención del vínculo representativo y la proliferación de conductas oportunistas, particularistas e, incluso, corrupción. De igual modo, es fundamental que el cumplimiento de las condiciones de ejercicio de la democracia interna permita “depurar” del sistema a los partidos poco representativos, para tener menos de estas, pero más fuertes y con legitimidad ante la ciudadanía. Para la renovación política, además, será indispensable abrir el sistema de elecciones internas como un compromiso activo de la ciudadanía, en tanto aquel permite que la decisión de qué candidaturas presentar salga de las dirigencias de los partidos y de un número reducido de militantes.
La Ley 30998, promulgada en agosto pasado y que debe aplicarse para el 2021, establece elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias, recogiendo en lo sustancial la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sin embargo, el Congreso anterior aprobó disposiciones transitorias y complementarias, desnaturalizando el diseño propuesto. Creó una doble figura: “elecciones internas” y “elecciones primarias”. De esta manera, los partidos inscritos (24) se beneficiarían al pasar por las “elecciones internas”. ¿Cómo son estas? Pues iguales a las que siempre se han realizado. Aquellas que han sido cuestionadas y que fueron el origen de deserciones, rupturas, mercantilización de la política y control absoluto de las dirigencias sobre los procesos internos. La modalidad de elecciones internas solo con la participación de los militantes se realizaba con una participación ínfima de miembros. Pues bien, con los resultados de estas “elecciones internas”, se tendría a los candidatos y listas inscritas. Estos 24 partidos pasarían luego a “elecciones primarias”. ¿Pero qué escogerían los electores que participarían obligatoriamente cuando las listas ya están confeccionadas? Pues nada, solo frustración. Una burla. Pero hay más, los partidos que recién se inscriben participarían directamente en las “elecciones primarias”, donde el electorado podría escoger entre los candidatos inscritos, tanto presidencial como parlamentarios. ¿Cuál será el resultado? Confusión y decepción. Por eso el Congreso que está por instalarse debe dejar sin efecto dicha disposición transitoria. No cambiar la ley, como están proponiendo algunos congresistas electos.
Hay que mantener la ley tal y como está aprobada, pues es la única forma de cambiar la realidad de las elecciones internas de los partidos en el Perú, siempre cuestionadas y controladas por la dirección –o parte de ella– del partido, donde las reglas se cambiaban, los órganos electorales no eran independientes e imparciales, los resultados no eran vinculantes y, en algunos casos, se negociaban los puestos en las listas. Las elecciones internas no fortalecían a los partidos; solo a las dirigencias o al jefe del partido. Las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, como manda la ley, permiten, bajo la organización de la ONPE y con resultados vinculantes, legitimar las candidaturas y democratizar la política. Oponerse a ella es dar marcha segura a la contrarreforma (El Comercio, jueves 27 de febrero del 2020).
* El autor presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP).