Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú se han puesto de acuerdo para presentar una lista a la Mesa Directiva del Congreso, firmando un “acuerdo por la gobernabilidad” que incluye el impulso a la reforma política y electoral. Esta es perfectamente posible, siempre que exista voluntad política acompañada por una coalición de partidos, lo más amplia posible, que permita lograr modificaciones en la Constitución y en las leyes orgánicas.
La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) propuso, hace algunos días, una ruta para lograr el objetivo. En primer lugar, y todos los partidos así lo han manifestado, se debe modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que no podrán cambiarse las normas de carácter electoral un año antes de la elección. Es decir, el 11 de abril próximo. Se hace imprescindible ampliar ese plazo, por lo menos hasta el momento de la inscripción de candidaturas. De esta manera, se ganaría tiempo hasta agosto, lo necesario para aprobar leyes y reformas constitucionales en dos legislaturas. De lo contrario, no habrá tiempo para aprobar nada referido a la reforma.
En las cuatro leyes ya promulgadas el año pasado, se hace necesario realizar pequeños cambios. Se debe modificar la Ley de Organizaciones Políticas, eliminando las disposiciones transitorias incluidas por el Congreso anterior, y aplicar de manera inmediata el proceso de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, para lograr la participación ciudadana en la selección de candidatos de todas las organizaciones políticas, sin distinguir entre antiguas y nuevas, como señala la ley.
Es sumamente importante completar la reforma referida a los artículos sobre financiamiento de las organizaciones políticas. En la propuesta de la CANRP, se contemplaba modificar las normas referidas al financiamiento público directo e indirecto, ampliando de manera importante la franja electoral; mejorar el proceso de rendición de cuentas y gastos de campaña, los mecanismos de control y el establecimiento de sanciones capaces de hacerse efectivas, incluyendo las políticas. Hasta ahora solo se ha creado la figura penal para sancionar a quienes reciban financiamiento de fuente ilícita.
Se debe, asimismo, modificar la Ley Orgánica de Elecciones, eliminando las disposiciones transitorias del Congreso anterior, y aplicar de manera inmediata la eliminación del voto preferencial, así como la presentación de listas de candidatos con paridad y alternancia de género.
Se trata, pues, de realizar modificaciones puntuales a las leyes ya aprobadas y no de abrir la discusión sobre todos los textos, pues esto haría imposible aprobar algo y nos quedaríamos con leyes que tienen serios problemas que hay que eliminar.
Con relación a las dos propuestas de modificación constitucional, se hace necesario realizar la segunda votación de la reforma constitucional que impida que postulen a cargos públicos aquellos sentenciados en primera instancia por delitos dolosos y reconsiderar la reforma sobre la inmunidad parlamentaria, aprobada en primera votación por el Congreso anterior, que amplía los alcances de la misma, con un enfoque muy distinto al propuesto por la comisión. Al mismo tiempo, debería retomarse el debate considerando la propuesta para que sea la Corte Suprema la que analice la ausencia de motivaciones políticas en el procesamiento o arresto de un legislador. Para ello se requiere de una votación calificada en el Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas.
De la misma manera, es importante abocarse al debate de la propuesta de la CANRP que plantea la vuelta al sistema bicameral, considerando cambios en las circunscripciones electorales para elegir las cámaras de diputados y senadores, el establecimiento de circunscripciones especiales para peruanos residentes en el extranjero y ciudadanos indígenas, y la mejora de los mecanismos de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para minimizar la posibilidad de conflictos. Finalmente, las cinco propuestas de leyes de ámbito subnacional y de mejora en la participación y gestión electoral. Si bien se trata de una agenda ambiciosa, es posible realizarla. No se pueden enfrentar las elecciones del 2021 con las mismas reglas de juego o desnaturalizadas. El bicentenario así lo demanda (El Comercio, jueves 20 de febrero del 2020).
*El autor presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP).