Si no hay acuerdo entre los partidos que tengan bancadas en el Congreso, para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que impide cualquier modificación de las normas electorales un año antes de la elección. El plazo último sería el 11 de abril del 2020.
Si las elecciones se realizarán el 26 de enero, los resultados oficiales se tendrán a fines de febrero aproximadamente. Alrededor de mediados de marzo se elegirá la Mesa Directiva, así como la composición y la presidencia de las comisiones. El proceso de aprobación de una norma que pasa por presentar el proyecto de ley, discutirlo en la Comisión de Constitución, elaborar un dictamen para su aprobación y luego para que sea aprobado en el pleno del Congreso y remitido para la rúbrica del presidente y ser publicado en el diario oficial “El Peruano” toma muchas semanas, por lo que sería imposible discutir las propuestas de reforma política, que debe ser el marco normativo de las elecciones del 2021.
En consecuencia, si no se modifica la norma, no se podrá aprobar la reforma política pendiente, más allá de la buena voluntad de candidatos y partidos que se han comprometido con el tema. La única salida sería un acuerdo político que involucre al Ejecutivo para modificar el artículo 4 de la LOE, colocando una nueva fecha límite que podría ser la última de la inscripción de los partidos políticos. Con eso se ganaría por lo menos cuatro meses, una legislatura completa.
Si esto se logra, sería muy importante que el nuevo Congreso concentre su atención en las reformas pendientes, presentadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Pero primero debe revisar las aprobadas por el Congreso disuelto. En el caso de la ley de inscripción y cancelación de los partidos políticos, se debe precisar con claridad que se pierde la inscripción por las causales señaladas en la ley, para cualquier tipo de elección parlamentaria, sea en elecciones generales o no. En el caso de las elecciones internas, es imprescindible eliminar la segunda disposición complementaria y transitoria que busca, para el 2021, que a los partidos inscritos no se les aplique la ley y a los nuevos sí, creando dos categorías de partidos, beneficiando a los ya inscritos y donde se crearía una tremenda confusión en el electorado. En el caso de la ley referida al sistema electoral nacional, resulta urgente aclarar la eliminación del voto preferencial, la mantención de la cifra repartidora e incorporar el párrafo eliminado sobre el voto de los peruanos en el extranjero. En lo referente al tema de la paridad y paridad de género, apostar por esta medida y eliminar la disposición transitoria que lo hace progresivo hasta el 2031. Finalmente, en lo que respecta a la ley sobre financiamiento, en donde solo se ha incluido la figura penal, es necesario completar con los artículos referidos al control y la transparencia.
Se han aprobado en primera votación las reformas constitucionales sobre la inmunidad parlamentaria y sobre el impedimento de candidaturas de quienes tienen sentencias en primera instancia por delitos dolosos. El problema es la primera de las nombradas, que debe ser revisada, pues el texto no mejora la figura de la inmunidad parlamentaria.
A lo anterior se debe añadir el proyecto de ley referido al régimen político y las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Sería bueno que el próximo Congreso debata la bicameralidad. Ya pasó un año del referéndum y, sobre todo, se trata de una nueva representación. De otro lado, se debe discutir el paquete de medidas para ampliar la participación electoral: voto postal, voto en centros penitenciarios, votos en hospitales, eliminación de la ley seca y mejora de la gestión de los locales de votación de parte de la ONPE. Hasta aquí para el 2021 de manera urgente. Finalmente, se deben aprobar los proyectos de ley referidos a las elecciones regionales y municipales del 2022 y las autoridades subnacionales. El encargo no es poco, pero sí imprescindible para llegar en mejores condiciones al bicentenario (El Comercio, jueves 2 de enero del 2020).
*Presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política