El conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento no se inicia con el pedido de cuestión de confianza (CdC). Este se inicia el 28 de julio del 2016, cuando la principal fuerza opositora logró una mayoría absoluta en el Congreso y no reconoció su derrota. Desde ese momento, no hubo tregua para el Gobierno, que tuvo como consecuencias la renuncia de varios ministros, un Gabinete entero y la del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), impidiendo que el Gobierno, tanto el de PPK como el de Martín Vizcarra, gobierne. Esto no es, pues, el inicio, sino quizá el último capítulo de una temporada nefasta para la política peruana.
A estas alturas, el conflicto entre poderes se juega en diversos planos. El de la legalidad de los actos, sobre todo el de la disolución del Congreso, será probablemente visto a través de una acción competencial en el Tribunal Constitucional (TC), pero cuya resolución puede durar varias semanas. Sin embargo, Pedro Olaechea, adelantándose a lo que podría ser una resolución adversa, ha señalado que el TC “ha sido capturado por el Gobierno”. A nivel de la opinión pública, quizá las encuestas corroboren la decisión del Gobierno. A nivel internacional es donde la oposición ha logrado colocar, por lo menos en un inicio, las dudas sobre quién gobierna en el Perú. Sin embargo, la posibilidad de éxito es baja, pues organismos internacionales y gobiernos de diversos países difícilmente desconocerán al Gobierno Peruano o pongan en duda su legitimidad, como ocurre con el caso de Venezuela. Si bien el gobierno de Vizcarra no ha desplegado una campaña para aclarar sus posiciones, lo cierto es que la OEA ha manifestado que el TC debe pronunciarse –cosa que solo puede hacer sobre la base de algún recurso– pero también ha señalado su aprobación a la convocatoria de elecciones. Pero si el plano de la legalidad está en disputa, es el de la legitimidad donde el Gobierno está ganando la batalla. No solo mantiene el control de todo el aparato del Estado, sino que sus componentes reconocen su autoridad, como es el caso de las Fuerzas Armadas y los organismos electorales, por solo nombrar algunos. En cambio, en el caso del Congreso, sus actos se reducen cada vez más a las ya acotadas de la Comisión Permanente.
De esta manera, las elecciones convocadas harán su papel al canalizar el conflicto. Es poco probable que los partidos de las bancadas que cuestionan la legitimidad del presidente y sus actos no participen, como sí ocurrió con el Apra, AP e Izquierda Unida, luego del golpe del 5 de abril de 1992. De esta manera, los 24 partidos políticos inscritos se presentarán a las elecciones del 26 de enero. Sin embargo, deberán enfrentarse a las nuevas reglas electorales producto de la reforma política. Por ejemplo, si un partido no se presenta, se retira de la contienda, es parte de una alianza electoral y no consigue escaño o no consigue el 5% de los votos y cinco congresistas, perderá la inscripción legal. Por lo tanto, para el 2021 tendremos una depuración clara de estas organizaciones, sobre todo de los llamados “vientres de alquiler”.
Pero hay desincentivos para los que postulan, pues quien logre un escaño tendrá un mandato solo hasta el 28 de julio del 2021 y no podrá postular en el proceso de dicho año, debido a la prohibición de la reelección. Tampoco podrán hacerlo los congresistas cuyo mandato concluyó el 30 de setiembre, pues forman parte del período 2016-2021, como tampoco lo podría hacer PPK, cuyo mandato terminó en marzo del año pasado por renuncia.
Se requiere solucionar temas pendientes, como el voto de peruanos en el extranjero y el apoyo decidido del Gobierno a los organismos electorales. Pero nada garantiza que el nuevo Congreso sea mejor que el disuelto. Lo que sí es seguro es que el Gobierno, al no tener un Parlamento obstruccionista, deberá mostrar resultados de su gestión, de lo contrario la furia de la gente cobrará una nueva víctima (El Comercio, jueves 3 de octubre del 2019).