i uno compara la publicidad en la que invierten las universidades con la realidad de la oferta, encontrará que la publicidad engañosa ha desplegado todo su espejismo. Seamos claros. No tenemos una buena universidad.
Hace poco más de tres décadas existían 28 universidades públicas y 29 privadas. Hoy tenemos 145. Mientras la cantidad ha crecido, la calidad ha decaído. Además, la tasa de selectividad se redujo, pues si en el 2000 solo ingresaba el 26,5% de los postulantes, en el 2015 ingresó el 48,6% de ellos. Muchas universidades, por captar estudiantes (recursos), redujeron los requisitos de ingreso en un universo de casi millón y medio de alumnos. Pero ya en el 2014 el 46% de universitarios estaban subempleados, según un estudio de Lavado, Martínez y Yamada.
En los reconocidos ránkings internacionales como QS, The Higher Education Ranking, Scimago Ranking y el Ranking de Shangai aparecen la PUCP, UPCH, San Marcos, y para el caso de América Latina se suman la UP, UL, UNI, ESAN, UPC y UNALM. Es decir: un puñado de no más de una docena de universidades de calidad que apenas representan menos de la décima parte del total de centros de estudios superiores, de los cuales la mayoría están en Lima y son privadas.
Si bien es cierto que la mayor demanda por los servicios educativos superiores creció en los noventa, el permitido e incontrolado crecimiento de las universidades se disparó. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) agrupaba a las autoridades universitarias, pero también a los variados intereses que fueron creciendo, amparando la pésima oferta universitaria, el mercantilismo y el juego por el poder en la mayoría de los centros de estudios de mediocre calidad.
La Ley Universitaria del 2014, que hace oficial la creación de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), es el intento más serio de poner orden en las universidades, pues busca supervisarlas mediante la incorporación de procesos de licenciamiento y acreditación. El licenciamiento no es el techo al que se debe aspirar, es tan solo lo básico que se debe exigir para que una universidad funcione. Esas condiciones básicas de calidad (CBC) son: la existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios correspondientes; oferta educativa a crearse; infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros); líneas de investigación a ser desarrolladas; verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, entre otros); existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros); tener el 25% de profesores a tiempo completo (que tengan mínimo una maestría); que tengan procesos meritocráticos de selección, evaluación, ratificación y capacitación al docente. Requisitos evaluados a través de 51 indicadores.
Pero de un total de 145 universidades, solo 80 se han licenciado, a 14 se les ha denegado y las otras 50 tienen hasta fin de año para cumplir los requisitos. Esto le está ocurriendo tanto a los centros educativos públicos (Universidad Nacional Federico Villarreal, La Cantuta, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, la Universidad del Callao) como privados (Alas Peruanas, Inca Garcilaso de la Vega, etc.).
Pero ¿quiénes se han opuesto a este proceso de mejora en la calidad de la oferta educativa? Operadores de diverso tipo con intereses entrecruzados. En el Congreso, gran parte de los miembros de la Comisión de Educación tienen intereses en varias universidades aún no licenciadas. A ellos se les suma la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) que, junto con congresistas, han promovido (no para mejora) el cambio en la ley y continuas investigaciones a la Sunedu. Defienden que no se supervise a las universidades (debido a su vínculo con varias de estas) y que la Sunedu sea nuevamente gobernada por rectores. De todos ellos, la universidad con mayor conexión con congresistas es la UIGV, que tampoco ha recibido el licenciamiento y que, según información aparecida en los medios, fue multada con un millón de soles por entregar 1.098 títulos profesionales a bachilleres procedentes de otras universidades.
En suma, la defensa de la universidad peruana pasa ahora por la defensa de la ley actual y la Sunedu, no para dejar de criticar ni fiscalizar, sino para impedir que los oscuros intereses mercantilistas, aliados con propuestas ultraconservadoras, una vez más, se apropien del futuro de nuestra universidad.