Esta semana, el Congreso tendrá que aprobar los seis dictámenes como producto de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, que están relacionados con la cuestión de confianza solicitada y aprobada hace algunas semanas. Nada está dicho y el desenlace es aún un escenario de incertidumbre.
Dos de ellos son modificaciones constitucionales y requieren dos votaciones calificadas en esta y la siguiente legislatura. De las dos, la más resistida es la referida a la inmunidad parlamentaria. La propuesta del Ejecutivo señalaba que debía ser un organismo externo, la Corte Suprema, el que levante la inmunidad parlamentaria. El dictamen mantiene la figura actual, que es justamente la cuestionada.
La otra que requiere modificación constitucional es la referida al impedimento para postular de candidatos que tienen sentencias en primera instancia por delitos dolosos. El dictamen la ha extendido a los cargos de confianza de la administración pública. Se trata de figuras totalmente distintas, pero en la puja entre Ejecutivo y Parlamento todo vale. Por ejemplo, quedarse con la última palabra o rabillo de ley.
En relación con las modificaciones legales –que requieren una votación con mayoría absoluta– se encuentra la referida a la paridad y alternancia, que luego de un intenso debate y la resistencia de la oposición mayoritaria, se acepta la figura propuesta. Se traslada, además, el voto preferencial de la elección general a las internas de los partidos, con lo que se satisface la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el diablo está en los detalles o las transitorias. En una de ellas, se dispone que la aplicación de la paridad de alternancia será gradual en diez largos años: 40% en el 2021, 45% en el 2026 y 50% en el 2031.
La otra que suscitó controversias es la referida a las elecciones internas de los partidos. En el cuerpo del texto, finalmente, se aprueba que las llamadas elecciones “primarias” serán abiertas, simultáneas, obligatorias, organizadas por la ONPE y sus resultados vinculantes. Sin embargo, la segunda disposición transitoria señala que para el 2021, por única vez, previa a estas, los partidos inscritos elaborarán sus listas, según sus propios criterios, y luego pasarían a las “primarias”, donde el elector solo podría ratificar lo ya confeccionado.
En relación con el financiamiento de los partidos, este reduce el articulado a crear la figura penal del financiamiento ilícito. La propuesta de ley iba más allá, pues consideraba otros aspectos importantes para regular el delicado tema del financiamiento (sobre todo, mayor control). Sin embargo, el propio Ejecutivo señaló que esa era la parte esencial de su propuesta. Finalmente, se debe votar nuevamente el dictamen sobre inscripción y cancelación de los partidos políticos, que es el que más se acerca a la propuesta del Ejecutivo.
En consecuencia, de las propuestas del Ejecutivo, con algunas diferencias, tres se han recogido en los dictámenes, dos se han incorporado al texto de la ley, pero se han deformado en las transitorias y una, la de inmunidad, es totalmente distinta a la presentada por el Ejecutivo. En estos cuatro días, eso se puede mejorar y aprobar en el pleno. Por declaraciones, parece que el Ejecutivo se siente satisfecho. La reforma política, sin embargo, solo habría dado un primer escalón (El Comercio, lunes 22 de julio del 2019).
*El autor ha sido presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.