Es muy claro que el gobierno fija su dinámica alrededor de la figura presidencial. Si esto en general es así, con el presidente Martín Vizcarra es más pronunciado. La debilidad de origen, ser un presidente como producto de una sucesión presidencial, sin heredar un partido que lo soporte, una bancada que lo respalde y un enganche social que lo posicione, exige de su desempeño un nivel alto de exposición. Ni su primer ministro ni sus ministros –más allá de sus pergaminos personales y profesionales– compensan una valoración ciudadana sobre la figura presidencial, que es muy exigente y muy sensible a los efectos de la coyuntura altamente cambiante.
Si bien el presidente Martín Vizcarra mantiene una aprobación estable e importante (42%), según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es menor a la desaprobación (46%) y muy distante de aquella muy alta de fines de año cuando logró un abultado apoyo (62%), lo que significa una pérdida de capital político que había acumulado desde julio del 2018, con su mensaje a la nación de 28 de julio. Es decir, ser canalizador del rechazo ciudadano sobre el tema de corrupción tenía un límite si no se compensaba con los frutos de sus políticas públicas. No solo no fue así, sino que muchos de los problemas que enfrentó el gobierno pasaron por problemas creados en su interior que se evidenció en el cambio numeroso de ministros hasta el propio Gabinete en su conjunto.
Este tipo de descensos suelen ser muy difíciles de contrarrestar, pues tienen un componente inercial y uno de acumulación de expectativas. La volatilidad de la opinión pública se expresa también en aprobaciones altas, como desafecciones pronunciadas en relativamente poco tiempo. Esto afecta claramente en las expectativas futuras, tal como se muestra en lo que el IEP denomina el Índice de Confianza Política (ICP), donde el componente de expectativa futura ha descendido claramente. El encuestado no percibe con claridad el rumbo del gobierno, creándose mayor incertidumbre y la percepción de que no se están tomando las medidas para mejorar la economía. Lo que más le debe preocupar al gobierno es que, pese a todo lo transitado, el ciudadano perciba que en el último año todo sigue igual (60%). Es decir, que del apoyo entusiasta se pasa a la falta de expectativa.
Un dato importante es que si bien Vizcarra tiene una mejor aprobación que su gobierno, esta brecha se ha reducido: de 30% en diciembre a 13% este mes. La locomotora que jala al gobierno ha perdido la fuerza de antes. Esa brecha no sería preocupante para el gobierno si no fuera porque se ubica en la zona roja de descenso.
En la otra acera, la aprobación del Congreso se mantiene muy baja (10%). Pero la percepción de la relación entre poderes es claramente de conflicto (51%), el doble al de hace un año, contra una percepción de colaboración muy baja (8%). La diferencia es que antes la aprobación presidencial era mucho más alta que la de ahora.
En ese contexto, un 70% considera que aprobaría un eventual “cierre” del Congreso, tratándose de una respuesta que no es novedosa, por su baja aprobación y profundo rechazo ciudadano, pero altamente peligrosa, pues se trataría en buena cuenta de un golpe de Estado, como ocurrió con Alberto Fujimori en abril de 1992.
A dos años de las elecciones del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición parecen no conocer otra dinámica de relación que no sea la confrontación. Les es difícil encontrar las salidas para una soportable convivencia. Desaparecer al otro no es salida. Puede ser la entrada a un escenario peor y sin control (El Comercio, lunes 29 de abril del 2019).