Ayer se presentó el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, como resultado del encargo del Ejecutivo, pero elaborado con plena autonomía. El objetivo es claro: alcanzar una democracia con miras al bicentenario, mejorando la calidad de la política y sus instituciones, traducido en 12 proyectos de ley (cuatro constitucionales y ocho legales).
Se han identificado cuatro ejes principales sobre los cuales se plantean propuestas integrales y coherentes. No se le puede, por lo tanto, entender ni discutir si se asume solo como un listado de propuestas inconexas.
El primer eje se basa en medidas centradas en combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas, como por ejemplo, regular mejor la inmunidad parlamentaria, la adecuada fiscalización del financiamiento político y su sanción efectiva en caso se use dinero ilegal y una mejora en la fiscalización del desempeño de las autoridades subnacionales.
El segundo eje analiza y propone mejoras a las organizaciones políticas y la representación. De esta forma, se sugieren cambios en la inscripción de los partidos políticos sustituyendo la cuestionada adhesión de firmas, que solo ha servido para reproducir prácticas ilegales y ser foco de corrupción. Se propone, también, democratizar las organizaciones políticas a través de elecciones internas abiertas, simultáneas, obligatorias, realizadas por la ONPE con resultados vinculantes. A estas medidas se suman mayores precisiones para la cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales. No más partidos que no tengan representantes, que se quieran retirar o no participen. No más partidos que mantengan la inscripción y luego sean vientres de alquiler.
El tercer eje abarca la participación electoral y política de los ciudadanos. Medidas como la incorporación progresiva del voto postal para ciudadanos residentes en el extranjero, un pago monetario a los miembros de mesa y una mejor gestión el día de la jornada electoral, el voto en los centros penitenciarios y centros hospitalarios, así como la reducción del plazo de la prohibición de publicación de encuestas a solo 24 horas mejorarán la participación ciudadana.
El cuarto eje, aplicable a partir del 2021, se basa en la gobernabilidad y el control político, racionalizando responsablemente la cuestión de confianza y la censura ministerial, para una mejora de las relaciones entre el Ejecutivo-Legislativo. Bajo este punto también se propone el retorno al sistema bicameral para el 2021 sin reelección parlamentaria ni incremento del presupuesto del Congreso. Una segunda cámara permitirá un mejor desarrollo legislativo e incrementará la cercanía entre congresistas y ciudadanos.
El informe está en manos del gobierno. Este tiene todo el derecho de acoger todo o parte de lo propuesto. La reforma de los sistemas políticos, electorales y de gobierno del país, con miras al bicentenario, resulta ser un proceso largo y complicado. Los consensos, el diálogo y un constante espíritu crítico son los que motivan los cambios saludables. Proponer reformar teniendo como base sustento empírico y teórico es lo que hemos hecho pues el país así lo necesita y por eso esperamos que el informe y las propuestas presentadas ayuden a optimizar nuestra democracia. Nos encontramos con una oportunidad histórica y es imprescindible aprovecharla. Los peruanos necesitamos no solo crecer económicamente, sino también políticamente. Los representantes seguirán decepcionando a los representados si estos no se involucran en la política. Solo así podemos alcanzar una democracia para el bicentenario.
*El autor es ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (El Comercio, jueves 21 de marzo del 2019).