Por dónde empezar cuando se trata de la reforma política. Los maximalistas piensan que se debe cambiar todo y para ello no se llega con la suma de las partes. La propuesta sería una nueva Constitución, aun cuando no hay nuevas constituciones puras, pues se suele mantener muchos artículos de la anterior. El tema es, entonces, modificar el núcleo duro de la Carta Magna. Los minimalistas, por el contrario, proponen medidas parciales bajo una lista de lo que se debe consignar como urgente.
Entre esos dos extremos se pueden ubicar las reformas que se intentan impulsar inmediatamente después del referéndum. De aquel núcleo duro, se encuentra la bicameralidad y las relaciones Ejecutivo-Legislativo. Si bien la primera se frustró, la que sería la madre de todas las reformas, retornar a la bicameralidad es una medida muy necesaria. Para ello se deben eliminar los artículos de aquella propuesta fallida, que limitan las facultades presidenciales, no se debe incluir en la Constitución el número de escaños y se debe colocar una disposición transitoria, en consonancia con la no reelección aprobada en el referéndum, para que ningún congresista elegido en el 2016 pueda postular. Esto debe estar acompañado por acotar la inmunidad parlamentaria, mecanismo desnaturalizado por el Congreso y que ha contribuido a su mala imagen.
Tenemos un sistema presidencial altamente parlamentarizado cuyo diseño entrega herramientas de lucha para ambos poderes que, en nuestro contexto, lleva a exacerbar la confrontación. Sería bueno repensar el diseño. Si no hay disolución del Congreso, no hay censura de ministros. De la misma manera, deben ser necesarios los dos tercios de los votos para que el Congreso insista en una ley que es observada por el presidente de la República.
Por el lado de los partidos políticos, es necesario modificar los requisitos para su inscripción. Ya no más firmas de adhesión. Es imposible verificar si los cientos de miles que se presentan son verdaderas. Lo que se señala es que son válidas (que se parecen al original). Lo que sí se crea es un mercado negro de falsificación de firmas. La inscripción debe ser sencilla con pocos requisitos formales, pero cada partido debe estar obligado a participar en elecciones internas, simultáneas y abiertas organizadas por la ONPE. Solo los partidos que superan un umbral (50 mil personas, por ejemplo) inscriben sus listas y el resto pierde la inscripción. Se fuerza a los partidos a movilizar y organizar cuadros y electores.
Al lado, se debe de abrir también la puerta de salida. Es decir, la pérdida de inscripción. Hoy hay 23 partidos inscritos, donde solo seis tienen representación en el Congreso. Ese número abultado en parte se debe a un marco normativo que debe variar y así establecer la obligatoriedad de participar en elecciones, conseguir escaños así pertenezca a una alianza electoral y no permitir retirarse de la campaña electoral, de lo contrario perderán la inscripción. Asimismo, es imprescindible eliminar el voto preferencial, al lado de incorporar la paridad de género y alternancia en las listas. Completar el tema del dinero, precisando las figuras del financiamiento ilegal y delictivo, así como el financiamiento público de las campañas por reposición.
En cuanto a las circunscripciones electorales, es necesario que la de los peruanos en el extranjero tenga los escaños que le correspondan y, para el caso de Lima, dividirla en por lo menos 12 circunscripciones de tres congresistas por cada una de ellas.
Estas son parte de las reformas que se deben impulsar. Las condiciones se deben aprovechar, ahora más que nunca (El Comercio, jueves 20 de diciembre del 2018).