El desprestigio de la política no tiene como una de sus causas la reelección parlamentaria. Si así fuera, muchos países la hubieran prohibido. Defender la reelección parlamentaria no es popular y menos políticamente correcto, pero hay que hacerlo, pues del desconocimiento se puede pasar a la confusión y más tarde a la canalización de un rechazo (más) a la política, que no permite mirar las reformas con claridad y responsabilidad. Por eso, de las propuestas anunciadas por el Ejecutivo esta, siendo la más popular, resulta siendo la más inconveniente.
En realidad, desde hace décadas los peruanos se lamentan de sus representantes y, cada vez más cerca del inicio del mandato. Pero es, en realidad, la combinación de voto preferencial, inexperiencia partidaria y alta renovación de la representación parlamentaria la que formó parte, entre otras, de las causas del hoy desprestigiado Parlamento. Por lo demás, la tasa de reelección parlamentaria en nuestro país en las tres últimas décadas es de menos de la cuarta parte de sus miembros.
Si el control político ciudadano se ejercita a través del voto, como premio o castigo, este se materializa, en la mayoría de las constituciones, en la posibilidad de la reelección de los congresistas. Vale la pena recordar que en América Latina solo se impide la no reelección de los parlamentarios en Costa Rica y México, pero con períodos de mandato de cuatro y tres años, respectivamente.
Un argumento para impedir la reelección es que los parlamentarios son los únicos a los que se les permite reelegirse, lo que no ocurre con el caso del presidente de la República, los gobernadores y alcaldes. El caso del presidente de la República solo se permitió en dos ocasiones, con negativos resultados, con Augusto B. Leguía, en la década del veinte, y con Alberto Fujimori, en la década del noventa. El impedir la de gobernadores y alcaldes bajo la idea de que la reelección crea corrupción no es una relación válida, pues una autoridad corrupta lo puede ser desde su primer período. Por el contrario, esa prohibición ha impedido que los electores puedan premiar a las buenas autoridades. En todo caso, se pudo limitar a dos o tres períodos. Más aún cuando la tasa de reelección de las autoridades subnacionales es de menos del 20%, por lo que el argumento de la igualdad de la Constitución, para impedir la reelección, no es razón suficiente en ningún sentido.
En nuestro país, los partidos son extremadamente débiles, la experiencia y la carrera parlamentaria son valiosas. Ahora cada cinco años la gran mayoría de parlamentarios nuevos aprende la función parlamentaria, para ser representantes de un solo período. Un alto costo de aprendizaje. Más aún si se quiere implantar la bicameralidad. El Senado se nutría de representantes que venían, en muchos casos, de la Cámara de Diputados. Todo esto se anula con la prohibición de la no reelección parlamentaria (El Comercio, 9 de agosto del 2018).