La denuncia periodística que ha aparecido en estos días en relación con la verificación de firmas nos lleva nuevamente a plantear la pertinencia de este requisito como central en la inscripción de un partido político en nuestro país. A estas alturas no solo no lo es, sino que crea un efecto pernicioso en el sistema político.
Si se entrega al organismo electoral una firma y se le solicita que indique si esta es verdadera, lo que hará es encargar a un perito grafológico que la examine, a través de una serie de técnicas propias de su especialidad, para ofrecer su conclusión. Eso consumirá un costo en tiempo y dinero. Pero si se trata de decenas y hasta cientos de miles de firmas, no hay manera de que esto se haga en un tiempo prudencial y a costos razonables. En ningún país se hace esto. Dadas estas limitaciones, lo que sucede es que las firmas de adhesión, que constan en los planillones, se contrastan con la que tiene el Reniec en su base de datos. Si ambas firmas se parecen, se declara “válida”, que es un tecnicismo que elude decir si es verdadera o falsa, pues, por lo antes señalado, el organismo electoral no lo podría hacer.
Por su lado, las organizaciones políticas que buscan su inscripción carecen de capacidad de conseguir firmas de adhesión en un número importante. La gente solo se adhiere si se trata de causas con las que se siente comprometida y simpatiza con ellas. Por eso se ha creado un creciente mercado negro de firmas falsas, de las que muchas de ellas pasarán la verificación, pues se parecerán a las originales, pero no necesariamente son verdaderas. Por eso, pese a que se han presentado millones de firmas a la ONPE en lo que va del siglo, pocas veces se encuentra a personas solicitando firmas de adhesión. La entrega de regalos por firmas es solo la apariencia, pues los costos se multiplican y no todos están dispuestos a firmar.
Pese a que este requisito de firmas no es verificable, la ley actual exige para la inscripción de un partido político más de setecientas mil firmas de adhesión. No existe otro país con un número tan alto como el nuestro. Pero la cantidad no es solo el problema, sino la naturaleza del propio requisito. ¿Qué puede demostrar una firma de adhesión recibida en la calle? Pues nada. Esa persona, si firma de verdad, no tiene vínculo, fidelidad y, en muchos casos, no votará necesariamente por ese partido. No se trata pues de mantener de manera obstinada este requisito, sino imaginar otros más realistas y útiles para los futuros partidos.
Una alternativa es que un partido deba convocar a elecciones internas simultáneas y abiertas, organizadas por los organismos electorales (no supervisadas, fiscalizadas u observadas), un número que demuestre su capacidad de movilización, 100 mil personas, por ejemplo. En cualquier caso, esta alternativa es verificable y realista. No la onerosa, falsa y estimuladora de una corrupción extendida como la norma actual. La reforma electoral tendrá un sello distintivo si se eliminan las firmas de adhesión (El Comercio, jueves 24 de mayo del 2018).