Pensar en un nuevo diseño de nuestro Parlamento y proponer uno bicameral no es sencillo y menos popular, aunque seriamente necesario. Propongo algunas ideas para el debate.
Nuestro país ha tenido históricamente un Parlamento bicameral, desde el inicio de la República hasta el golpe de 1992. De las 12 constituciones, salvo la de 1867 y la actual de 1993, todas consagraron la bicameralidad. El número de senadores obviamente creció, pero no tanto, pasando de 20 senadores en 1823 hasta los 60 en 1992, año del golpe de Estado que cerró el Senado.
El marco de la Constitución de 1979 fue el de los senados de 1980, 1985 y 1990, elegidos por circunscripción única, en tanto no se constituían las regiones. Es decir, fue una medida de transición. Esto porque, salvo el caso de Colombia, todos los senados buscan representar, generalmente, las unidades subnacionales que componen el Estado. Cosa que no sucede solo en países federales como Estados Unidos, Alemania o México, sino también en unitarios como Francia, Austria o Uruguay.
En nuestro caso, a lo largo de la historia, el Senado ha representado a los departamentos. Mantener este diseño llevaría a proponer al menos dos senadores por circunscripción, lo que haría un total de 52 senadores. Esto tiene dos ventajas. La primera es que busca representar a las regiones y la segunda es que equilibra la Cámara Baja, que representa a la población en forma proporcional. Es decir, en el Senado todas las unidades tienen el mismo peso, como ocurre en Estados Unidos, Bolivia o Argentina.
Para ello hay dos alternativas. La primera es que la representación nazca de manera indirecta, como en Francia o Alemania. Por ejemplo, que los consejos regionales elijan al representante ante el Senado. La otra posibilidad es que se elija de manera directa a través del voto popular. Esta es la que más se adecúa a la tradición y, por tanto, es más apreciado por el ciudadano.
El Senado, que es generalmente una cámara revisora, ha tenido aquí como en otros países períodos de mandato mayores a los de diputados. En nuestro país, desde 12 años, pasando por seis y terminando por cinco años en 1992. El mandato se ha ido reduciendo, pero sigue siendo en promedio mayor que la Cámara Baja. Determinar el mandato debe estar asociado con decidir los otros períodos correspondientes al presidente y la Cámara Baja, así como determinar si se renueva de manera total o por partes.
El último diseño nuestro era de cinco años para todos los representantes y renovación total. Pero si se quiere combinar adecuadamente, sería bueno reducir el mandato presidencial a cuatro años, con igual mandato de diputados, renovado totalmente y coincidentemente con el de presidente, y un Senado de seis años, renovado por mitades. Esto permitirá un mandato más corto, pero más sensible a los cambios del electorado. Bien por el debate (El Comercio, jueves 31 de mayo del 2018).