Queremos plantear algunas alternativas de financiamiento de las campañas electorales para reducir los riesgos de corrupción. Partimos de la constatación de que partidos débiles y sin dinero, como los nuestros, son presas fáciles de quienes ostentan recursos económicos, desde las corporaciones formales hasta las mafias. Asimismo, que el encarecimiento de las campañas electorales iba de la mano con los recursos importantes de gastos en medios de comunicación, especialmente en la televisión, que ascienden a alrededor de las tres cuartas partes de los gastos totales de una campaña electoral. Las prohibiciones, sanciones y limitaciones no han servido para desincentivar que candidatos y partidos no solo no violen la ley, sino que no establezcan vínculos perversos con los financistas.
Si esa es la realidad, pues es necesario cortar los circuitos por los que transita el dinero para someter a la política. El diseño debe pasar por restar considerablemente el aporte privado en las campañas, difícil de supervisar. Para ello se debe plantear lo siguiente.
Primero, ampliar la franja electoral, costeada por el Estado, en el tiempo y duración. Hoy esta se emite un mes antes de la elección, con espacios de tiempo diario que van creciendo progresivamente. Se puede incrementar medio mes más y aumentar la exposición por día. Pero, al lado, se debe prohibir comprar espacios en los medios de comunicación masivos, más allá de la franja electoral, como ocurre en México, Brasil y Chile. De la misma manera, ninguna persona natural o jurídica podrá comprar espacios en radio y televisión con el propósito de influir en las preferencias electorales. Esta medida reducirá sustantivamente los gastos de campaña.
Segundo, se debe otorgar financiamiento público directo a los partidos, como ocurre en Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay y el resto de la región, salvo en Bolivia y Venezuela, con lo que se cubriría los gastos de campaña, más allá de los que corresponden a los medios de comunicación. Desde el año pasado, el Estado proporciona financiamiento público a los partidos políticos con representación en el Parlamento, pero está prohibido que este se utilice en las campañas electorales.
Tercero, se debe colocar topes a los gastos de campañas equivalentes a un quinto del financiamiento público directo.
Cuarto, se debe prohibir todo tipo de campaña electoral directa o indirecta de personas y partidos hasta el inicio oficial de la campaña, como lo estipula el cronograma electoral. Regular la precampaña, que es la manera en que ingresa el dinero antes de la inscripción de candidatos, permitirá que no se burle la ley.
Quinto, eliminar el voto preferencial. Por esta vía se introduce el dinero que somete al político, así este sea de origen lícito o ilícito. Los candidatos difícilmente informan al partido sobre los gastos y el origen del dinero, con mayor razón si este no proporciona a los primeros dinero para una campaña costosa y complicada de supervisar. Al lado de estas medidas sí tendrán sentido las medidas de transparencia, control y sanción, a las que se debe sumar la obligación de los partidos de entregar información exigida por la ONPE. Bienvenido el debate (El Comercio, jueves 15 de marzo del 2018).