Más allá de las buenas intenciones y propósitos, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo serán tensas, debido a la distribución del poder donde un partido controla el Gobierno y otro el Parlamento, desatando una dinámica que los hace necesariamente confrontarse.
Y es que nuestro diseño institucional de un presidencialismo híbrido puede colocar al presidente de la República en una situación extremadamente débil, como los casos de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), Fernando Belaunde Terry (1963-1968) y Alberto Fujimori (1990-1992), donde se construyó una oposición parlamentaria mayoritaria, produciéndose conflictos entre poderes y que llevó al fin del mandato presidencial anticipado, debido a golpes de Estado. No hubo forma de frenar el conflicto entre poderes.
Estamos delante de otro gobierno que tiene una mayoría opositora en el Congreso, con la salvedad que ahora se trata de un solo partido, hecho nunca visto en la historia de nuestro país. La dinámica no ha sido distinta a las otras tres, aun cuando se espera que el desenlace no se repita.
¿Cómo evitar que un gobierno nazca extremadamente débil? ¿Qué se tiene que modificar para que el Gobierno pueda gobernar y tener la oportunidad de crear una mayoría en el Parlamento? Si el propósito de la segunda vuelta presidencial era dotar de alta legitimidad al mandatario, que este tenga la posibilidad de crear una mayoría parlamentaria y reducir el número de partidos, en nuestro país esto no se cumplió, debido al mal diseño institucional que es explosivo, pues hace coincidir las elecciones parlamentarias con las presidenciales de la primera vuelta, con voto preferencial, en un país con multipartidismo.
La mejor alternativa, si se quiere mantener la segunda vuelta, es que las elecciones al Congreso se realicen después de la elección presidencial. Si esto no se puede porque requiere una reforma constitucional, la alternativa sería que coincidan con la segunda vuelta presidencial, que solo requiere la modificación de la ley. Esta propuesta, recogida por algunos como parte de la reforma electoral, ha sido presentada como proyecto de ley por el congresista Alberto de Belaunde.
El año pasado se presentaron diez candidatos presidenciales y 1.430 parlamentarios, en once listas, bajo la elección del voto preferencial. Ante este mercado persa, en el que se ofrece de todo, el elector vota a ciegas, al desconocer el resultado de la elección presidencial, produciendo una dispersión de votos, fraccionamiento parlamentario y reduciéndose la posibilidad de que el candidato que gane la presidencia, pueda construir una mayoría parlamentaria.
En este diseño, el elector concentrará su atención solo en la elección presidencial. Si la elección parlamentaria coincide con la segunda vuelta presidencial, el elector tendrá mayor información al conocer el resultado electoral de primera vuelta y así podrá ejercitar un voto estratégico, incluso en el escenario que algún candidato gane en primera vuelta. Esta dinámica producirá una tendencia a concentrar los votos en las opciones que han logrado las mayores votaciones, alejándonos de la dispersión y el fraccionalismo, así como hace crecer la posibilidad de que el presidente tenga una mayoría parlamentaria. Diseño que por cierto, requiere de la eliminación del voto preferencial. Esta modificación crea las condiciones para frenar el escenario de una mayoría absoluta opositora y así el choque entre poderes con efectos perniciosos (El Comercio, 29 de junio del 2017)..