La ruta de la corrupción política

En tiempos de Lava Jato, es inevitable discutir cómo impedir y limpiar la política de la corrupción. Difícil tarea para nosotros, en un contexto de instituciones precarias y partidos débiles y empequeñecidos hasta el límite. Tener partidos, ciertamente, no evita la corrupción. Allí está el caso del PT brasileño, pero puede colocar algunas resistencias de las que hoy carecemos.

En nuestro caso, desde el inicio la ruta está empedrada de buenas intenciones. Para corromper al poder es necesario primero llegar a él. Pero llegar y competir resulta siendo formalmente dificultoso pero realmente sencillo. Es que las normas abonan en esa dirección; por ejemplo, lograr la inscripción de partidos políticos. El año pasado estaban inscritos 25, pese a las exigencias legales de firmas, comités, etc. La permanencia es ahora más fácil. Por eso no debe sorprender que, tras la elección, se mantengan 21 partidos inscritos, pero solo seis de ellos tienen parlamentarios y los otros quince carecen de todo, incluido el financiamiento público.

Pero estos partidos sin nada tienen algo preciado, la inscripción legal. Igual ocurre con 130 movimientos regionales. Si bien pueden invernar por estos tiempos, una vez que se acerca una elección, como las regionales y municipales del 2018, saldrán de la madriguera para ofertar, a cambio de retribuciones de todo tipo, espacios en listas o la lista completa para competir. Imaginen este escenario en zonas cocaleras, tala ilegal, contrabando, etc. Aquí el ancho campo de la corrupción se abre paso. Es decir, muchos (partidos) tienen poco, pero lo suficiente (sobre todo los dueños) como para poder hacer de su inscripción un jugoso valor de cambio.

Así, partidos, movimientos y listas locales van en busca del poder, con los bolsillos vacíos pero prestos a recibir contribuciones económicas, pero sin capacidad de resistir ofertas y menos hurgar en el origen de las mismas. Esto es solo una parte, pues la debilidad organizativa y la cohesión partidaria hacen que, sobre todo los candidatos presidenciales, constituyan equipos de campaña en donde se manejan los recursos sin dar cuenta al partido. Ese es el lado más oscuro pero más importante del financiamiento de las campañas.

A eso se deben sumar las contribuciones que reciben los candidatos al Parlamento de manera individual, quienes, pese a que están obligados por ley, no reportan o lo hacen de manera incompleta a la tesorería del partido. Este no puede exigirles mucho, pues el partido no entrega absolutamente nada para que realicen sus campañas. Igual ocurre con candidatos en las regiones y alcaldías en todo el país. En otras palabras, las organizaciones políticas carecen de recursos económicos, pero los candidatos sí reciben en corto tiempo mucho dinero.

Una vez que se llega al poder, se tiene que retribuir a quienes han contribuido en la campaña, pues no se aporta dinero para no recibir nada a cambio. Esto se traduce en favorecerlos, en los diversos niveles del poder, con políticas públicas, obras que se licitan indebidamente, normas que se promulgan, controles que se relajan o simplemente bolsillos que se llenan con el pago correspondiente. La ruta llega a su fin. Cualquier combate debe pensar en atacar de manera eficaz e integral este territorio sinuoso, donde la corrupción labra nuevos caminos allí donde encuentra obstáculos (El Comercio, Jueves 9 de febrero del 2017).