Nunca hay un mejor momento para que los partidos reciban financiamiento público. Difícil que así sea pues se trata de organizaciones que son ampliamente rechazadas por la opinión pública. Sin embargo, si bien la Ley de Partidos Políticos consideraba esta contribución pública desde el 2007, recién una década después se hará efectiva, para aquellos partidos que tienen representación en el Congreso.
Si bien este rechazo ciudadano es comprensible, considerar que el problema del financiamiento se resuelve solo con medidas de transparencia y sanción a los partidos, escamotea y no responde la pregunta de fondo. Si los partidos necesitan dinero, de dónde lo van a obtener. En nuestro país siempre ha sido de fuente privada y su control ha sido bajo. Es así que los partidos tienen que extender la mano a aquellos que concentran los recursos, vale decir las corporaciones y las fuentes ilegales. En ambos casos, la vulnerabilidad del partido es alta. Ninguna persona o empresa financia una campaña si no espera una retribución futura (alguien dijo Odebrecht). Pero aquí y en cualquier país, no es posible tener la seguridad absoluta de quiénes y cuánto se financia de manera privada.
Los partidos difícilmente pueden desarrollar incentivos inmateriales, por lo que los recursos de sus miembros son escasos. El miembro de un partido, salvo que tenga cargo de representación, no aporta a su partido, a no ser que tenga una expectativa a futuro, como una candidatura. Incluso, la propia noción de militancia, base de la organización política, está en cuestión o su actividad es baja, salvo para campañas electorales. Si los partidos gastan cada vez más en campañas electorales y no pueden proveerse de sus propios recursos, harán todo lo posible por conseguir ese dinero, por lo que hecha la ley, hecha la trampa.
De esta manera, el financiamiento público busca equilibrar las diferencias entre los recursos obtenidos por los partidos y disminuir la vulnerabilidad de ellos ante la fuente privada. Es así que para los próximos cinco años, el conjunto de los partidos recibirá poco más de 74 millones de soles. De esta bolsa, un 40% se distribuirá de manera equitativa y un 60% en proporción a los votos obtenidos por los seis partidos, para ser usados en gastos ordinarios, así como capacitación. Esta cantidad es la más baja comparativamente con los países de la región. La diferencia es que en el nuestro, no se entregará un aporte adicional para las campañas electorales, que es en donde más se gasta y por lo que se deja la única puerta abierta, que es el financiamiento de fuente privada que, como se ha señalado, no hay manera de controlarlo.
Hay que darles recursos a los partidos, con rígidos controles y sanciones. Estos tendrán la oportunidad de tener dinero, allí donde era escaso o inexistente. Si bien es poco, resulta abundante ante la sequedad de su bolsillo. Un mal uso del recurso público no solo producirá escándalos políticos, sino que hará retroceder al momento en que sin él, serán nuevamente vulnerables (El Comercio, jueves 26 de enero del 2017).