En la actualidad hay más de una veintena de partidos políticos inscritos. La gran mayoría de ellos no tiene vida activa y son partidos personalistas. Pero hay otro grupo, los de mayor tradición y organización, que pasa por serios problemas internos por justamente tener, mal que bien, vida interna. En Acción Popular se libra una batalla entre dos sectores al igual que en el Partido Popular Cristiano. En el Apra la nueva postergación de elecciones internas ha intensificado el conflicto interno. Y el Frente Amplio estrecha cada vez su posibilidad de estar unido.
Se trata de partidos políticos que hacen esfuerzos por desarrollar vida interna en medio de la precariedad y la informalidad. Pero si esto se resolvía antes internamente o el partido se rompía, hoy las normas que los regulan los obligan a cumplir e institucionalizar la vida interna del partido, que por lo general se cumple solo parcialmente, un poco por la precariedad señalada y otro por la propia norma que no observa una realidad partidaria compleja.
Esto ha llevado a que el entrampe interno inmovilice a los partidos políticos, que han terminado por hacer algo que antes no querían, recurrir a un tercero externo, que no es otro que el Jurado Nacional de Elecciones. Tarea compleja pues si bien los partidos se rigen por sus estatutos internos, el entrampe los conduce a acudir al JNE para que resuelva y ponga fin a las controversias internas.
Ante esto, se presentan dos problemas. El primero es que en algunos casos las diferencias internas son irreconciliables, con lo que uno de los objetivos, no declarados, es dilucidar cuál de los dos sectores se queda con la inscripción del partido o, en otros casos, quién controla el partido. El otro tema es si realmente el JNE debe resolver estos conflictos internos tratándose de asociaciones privadas. Pero si no es este organismo electoral, quién más puede resolver los conflictos internos. La respuesta es, no hay ninguno otro.
Ya obran en su poder varios expedientes y, seguramente, se acumularán más. Pero si no se resuelve dentro de los plazos razonables, llegar al límite, las próximas elecciones regionales y municipales, será lo peor. Tal como ocurrió en el 2016, en el caso de la candidatura de Julio Guzmán, el JNE se verá en la obligación de pronunciarse en tanto estos partidos divididos intenten inscribir candidaturas. En otras palabras, si no se resuelve pronto, las decisiones en medio de un proceso electoral afectarán a los partidos y el propio JNE será envuelto en debates públicos que lo pueden desgastar.
Si bien hay que exigir a los partidos políticos que se institucionalicen y cumplan sus normas internas, debe estar habilitada una vía externa que resuelva las controversias o, de lo contrario, esos conflictos pueden terminar encaminándose a la mesa de un juez y más tarde al Tribunal Constitucional, con lo que la política se judicializa y se empequeñece (El Comercio, jueves 11 de enero del 2017).