Se quiere revocar al alcalde de Lima y al de San Isidro, entre las autoridades que aparecen en los 232 formatos (kits) electorales vendidos por la ONPE. Como dato importante hay que señalar que en nuestro país, entre 1997 y 2013, han sido revocados 277 alcaldes y 1,254 regidores, el mayor número de autoridades revocadas en el mundo. No es, pues, poca cosa.
En este periodo se observó que –en un contexto de precariedad institucional, ausencia mayoritaria de partidos políticos y baja cultura política democrática– el incentivo mayoritario para usar la revocatoria ha sido la captura del municipio a través de las llamadas Nuevas Elecciones Municipales (NEM), que produjo impactos en varios niveles. Un gran porcentaje de quienes se encontraban detrás de este proceso eran ex candidatos, ex alcaldes o ex trabajadores que veían en las NEM una puerta que se abría allí donde perdieron a través de un proceso electoral.
Se crearon perjudiciales periodos de provisionalidad, pues entre la revocatoria de una autoridad y las NEM había meses con autoridades provisionales, por lo que había alcaldes y/o regidores cuyos mandatos terminaron siendo cortos. Esto sometió al municipio –nunca hubo un caso regional– a un fraccionamiento del periodo de mandato, en el que difícilmente una autoridad tenía tiempo suficiente para desarrollar una gestión de manera adecuada.
Sin embargo, gracias a la modificatoria de la Ley de Participación y Control Ciudadano, en adelante si se revoca a un alcalde, asume el teniente alcalde. En el caso de un presidente de gobierno regional, ocuparía el cargo el vicepresidente regional.
Este cambio ha ocasionado que el número de solicitudes caiga drásticamente. De esta manera, se mantiene el mecanismo llamado revocatoria, pero en un marco legal sin incentivos perniciosos, ajustando los procedimientos para un uso más eficiente y responsable (Peru21, domingo 10 de julio del 2016).
Hay alcaldes que se merecen revocar,
porque no quieren planificar para gestionar,
sino que prefieren improvisar para medrar.