Repensando el gobierno regional

Se está discutiendo nuevamente el tema de la regionalización. No es para menos. Varios presidentes regionales presos, como producto de indicios de corrupción y hasta por ser miembros de organizaciones delictivas debe llevar a preocupación, pero también a discutir y repensar el proceso de regionalización.

El proceso de descentralización a través de la regionalización ha fracasado. Pensar un diseño que privilegiaba solo la parte económica, dejando de lado la política ha sido una de las razones. El proceso, como se recordará, pasaba por elegir gobiernos a partir de los departamentos que, una vez elegidos, encabezarían los procesos de regionalización entre aquellos departamentos contiguos, para posteriormente someterlos a la población.

Los triunfadores de las primeras elecciones regionales del 2002 se convirtieron en las autoridades de los actuales departamentos. Estos erróneamente llamados gobiernos regionales, lo que fortalecieron fueron las identidades e intereses departamentales y de ninguna manera el proyecto de regionalización. Es así que en los referéndums regionales del 2005, las poblaciones involucradas votaron abrumadoramente por el No, por lo que no se creó ninguna región. La norma no preveía ninguna salida y todo quedó como antes, salvo que ahora nacían autoridades regionales con gran poder.

La apuesta de construir desde abajo las regiones encontró a una ciudadanía apática y autoridades regionales que midieron el referéndum con cálculo político, con miras a las elecciones generales del 2006. No fue por cierto el modelo de una propuesta integral, con un pacto político firme, sino un modelo en que cualquier propuesta podría presentarse, como aquella inentendible de la región Áncash-Huánuco-Lima Provincias-Pasco-Junín, cuya única característica saltante era que rodeaba.

El modelo tenía además, la particularidad riesgosa de hacer pasar una política de Estado por un referéndum ratificatorio. En casi ningún caso, procesos de esta naturaleza pasan por un referéndum, que generalmente se ve envuelto por pasiones plebiscitarias alrededor de la labor gubernamental.
La consecuencia de este mal diseño fue el fortalecimiento de liderazgos departamentales en un contexto de crecimiento económico. Si a eso se suma la incapacidad de los partidos nacionales históricos de reconstituir un sistema de partidos posfujimorismo, como de los nuevos partidos emergentes de crear uno nuevo, la situación creó las condiciones para el fracaso de los gobiernos regionales.

Solo para tomar unos pocos datos. En las últimas elecciones regionales y municipales 2010, los partidos políticos nacionales, solo ganaron 4 de 25 gobiernos regionales, 77 de 195 municipios provinciales y tan sólo 693 de 1,605 municipios distritales. Estos partidos son débiles e incapaces de integrar al conjunto de las demandas sociales.

Este fenómeno ha creado una ausencia partidaria de carácter nacional, lo que ha sido cubierta por organizaciones regionales. Estas crecieron debido a las menores exigencias formales de inscripción, mayores incentivos para su mantención a nivel subnacional, al lado del incremento sustantivo de sus presupuestos. Lo particular es que ninguna organización política regional gobernaba en más de un departamento. Es más, ni se presentaba a competir.

Tenemos así organizaciones gobernantes que no tienen ningún vínculo partidario nacional ni tampoco regional. Por lo que los controles no existen. En sus creados círculos concéntricos de poder regional negocian directamente con el Estado de manera formal o informal. Sin un efectivo control administrativo público e ineficacia de la fiscalía y el poder judicial, las puertas de la corrupción se abrieron sin resistencia, como hemos visto en estas semanas.

Elegir nuevas autoridades este 5 de octubre solo cambiará las redes políticas que controlan las regiones. No se debe volver al centralismo limeño, pero no aceptarlo como un mal necesario, gobiernos regionales sin control (La República, 3 de julio del 2014).