El experto que viene invitado por la Alcaldía a hablar sobre revocatorias

 

Tuesta es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Lima y se encargó de organizar los procesos electorales posteriores a la caída del expresidente Alberto Fujimori, hoy detenido. Ha sido veedor en doce países, uno de ellos Colombia, donde ha estado en cuatro oportunidades. También siguió muy de cerca el proceso de revocatoria al que fue sometida la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y 39 regidores (concejales). Un proceso que guarda similitudes con el que está en curso contra Petro, no sólo en el perfil político de los cuestionados, sino en la proveniencia de sus revocadores.

 

 

Lo primero que quiero aclarar es que vine por invitación del secretario privado de la Alcaldía para comentar la experiencia que tengo alrededor de estos procesos. Me hubiera gustado reunirme con el registrador y el señor Miguel Gómez, pero mi estadía fue muy corta. No hago parte de una veeduría o un comité constituido, primero, porque no hay ningún requerimiento oficial para que venga a ver y emitir un concepto sobre el proceso, y segundo, porque no se me ha llamado con esos fines. Me gustaría hacer parte de una veeduría internacional que emita un concepto sobre el proceso, pero el proceso no está en esa etapa y las autoridades competentes no han requerido esa comisión. Yo respeto las instituciones colombianas.

 

 

Insisto en que no estoy acá como parte de una misión. Además, las misiones emiten informes, no sentencias. No he venido a opinar sobre Bogotá, ni a darle avales a nadie. Sé lo que me compete. Vengo a hablar sobre lo que vivimos en Perú y, si es que en el futuro hago parte de una misión que sea convocada oficialmente, haré parte de un informe. Sí debo resaltar que me hubiera gustado conocer a todas las partes porque estoy investigando sobre el mecanismo de la revocatoria en el mundo y toda la información sobre este proceso en Bogotá es útil.

 

 

Le puedo decir que en mi país no es una cuestión de debate el tema de las firmas puesto que el umbral es muy bajo, pero sí lo es el tema de la financiación.

 

 

Colombia adoptó este mecanismo en 1991, mientras que mi país lo hizo en 1993. Los dos se parecen en que se pueden habilitar para funcionarios subnacionales. Por el contrario, las diferencias están en que en Colombia no ha procedido ninguna revocatoria, mientras que en Perú hemos tenido 4.300 procesos de revocatoria, y en 16 años de aplicación se ha revocado a 279 alcaldes. También, una gran diferencia tiene que ver con los umbrales: en ambos lugares debe estar alrededor del 50% del censo electoral, pero como en Perú el voto es obligatorio, las cifras de participación están cerca del 90% usualmente. En Colombia, por el contrario, el no votar también puede ser asumido como una posición política.

 

 

Colombia es un país de tradición partidista pronunciada. Los partidos históricos perviven y surgen nuevos partidos que inciden de igual manera en el debate político. En Perú, por el contrario, los partidos políticos son débiles históricamente. Casi todos los partidos que han ganado las últimas elecciones son alternativos, pero de baja organización. A nivel subnacional esos nuevos partidos casi no ganan nada, puesto que están configurados alrededor de personajes que aglutinan corrientes. Es un sistema político más personalista; eso hace que los conflictos de las municipalidades sean de grupos pequeños o caudillos, por eso la revocatoria termina siendo letal. Hay una desprotección de los funcionarios locales en ese sentido, ya que, en muchos casos, no se juzga su gestión sino su persona.

 

 

Allí el formulario de recolección cuesta cerca de US$30. También está estipulado que debes recoger el 25% de las firmas del censo electoral, pero tiene un tope, que es 400.000 firmas. Por ejemplo, en el caso de Lima, donde el censo supera los seis millones de personas, esa cifra no es ni siquiera el 10%, por eso se termina convocando a este tipo de procesos con una muestra que puede no ser significativa. Eso es algo que se está revisando en la ley en Perú.

 

 

Pese a que en su elección el mayor número de votantes estuvo en los sectores populares, en la revocatoria que fracasó apoyaron a la oposición. Por el contrario, fueron muy importantes para la permanencia de la alcaldesa las clases medias y altas, pues consideraron que, así no estén de acuerdo con la administración (en junio, el 63% de los limeños desaprobó la gestión del gobierno local), era peor el desorden que desataría el vacío de poder. También generó mucha molestia el que un exalcalde de la ciudad financiara la campaña de revocatoria, como quedó evidenciado en grabaciones filtradas a la prensa. A final de cuentas, uno de los 22 concejales que fueron revocados en ese proceso electoral fue, precisamente, el hijo de ese financiador. Eso demuestra que el proceso de revocatoria es un mecanismo que obedece más a la persona y no a la gestión pública, y eso es preocupante.

 

 

Mire que en el caso de Villarán no funcionó, marcadamente, de esa manera. En Perú existe la costumbre de que los alcaldes le pongan una placa a las obras que inauguran, y ella rompió con eso y puso el énfasis en otras políticas que no eran la construcción de obras de concreto. También, una campaña mediática extendida puso su primer año de gestión en comparación con un gobierno que duró ocho años. La llamaron “Lady Vaga”, pretendieron que el concejo de la ciudad acabara con su mandato y empezaron a llamar la atención sobre una supuesta incompetencia de sus asesores. Ella ganó, pero la Alcaldía no quedó bien, puesto que sí fue revocada una gran parte de los concejales de su bancada. Como su partido no está inscrito por falta de representación, no podrá presentar listas a las elecciones que serán en noviembre. Eso limita mucho su capacidad de gestión (El Espectador, 20 de junio del 2013).