¿Podría la democracia en nuestro país sostenerse con el número de partidos representados en el Congreso o más en el próximo lustro? Difícilmente la respuesta puede ser afirmativa, a no ser que el interés partidario se subordine al interés general o el bien común. Uno de los factores del quiebre de la democracia, ha sido el fraccionamiento partidario desde la República del Weimar, como preludio del ascenso del nazismo.
Por ello, los alemanes de post guerra introdujeron la barrera mínima legal o umbral de representación (no valla electoral). En su sentido correcto ésta constituye una medida para evitar el fraccionamiento o dispersión de la representación, en este caso parlamentaria. Los alemanes, lo consiguieron al igual que otros países. Es necesario señalar que hay otros métodos para evitar el fraccionamiento. Sin embargo, en nuestro caso, el Congreso de la República al no discutir y aprobar el Código Electoral no permitió tener un sistema electoral adecuadamente reformado. Por ello, la barrera mínima legal es un instrumento normativo, de emergencia y disponible, cuya aprobación no requiere ninguna votación especial en el Congreso. No se trata de incorporar una medida para evitar el fraccionamiento futuro, sino que partimos de un fraccionamiento presente y de lo que se trata es de evitar que este se multiplique. En consecuencia, de lo que se trata es de aprobar cuando menos una barrera mínima legal del 5% a nivel nacional. Cualquier otra medida -2%, 3% y combinaciones- no son efectivas y no tienen ninguna posibilidad de alcanzar con éxito el objetivo de ser una solución al grave problema que se nos presenta.
Sin embargo, lo anterior es una segunda barrera, pues la primera es la que constituye la barrera legal de inscripción de los partidos políticos. Sobre este caso se han difundido noticias alarmantes. El fraccionamiento de la representación partidaria actual (29 partidos políticos inscritos), si bien responde a una realidad de serios problemas para agregar y sistematizar demandas e intereses sociales, parece tener raíces en algo más simple: la falsificación de supuestos comités partidarios. Según la denuncia del movimiento Manos Limpias, registrada en la revista Caretas, varias agrupaciones políticas, consiguieron su inscripción, falsificando actas de fundación, con nombres fraguados y apelado a otros métodos ilegales. Todo parece indicar que la OROP del JNE no ha cumplido con verificar -con todos los métodos y recursos disponibles- de manera rigurosa la documentación que le han presentado los 29 partidos que han alcanzado su inscripción. El resultado parece ser que varios de éstos, han saltado la primera valla (la de la inscripción) de manera fraudulenta. Si esto fuera comprobado, estamos delante del mayor escándalo electoral, desde la falsificación de firmas del año 2000. Toda democracia se debe defender con propiedad, responsabilidad y eficacia. Por lo tanto, no se puede y no se debe permitir que compitan por el poder tantos partidos políticos (pueden aumentar a 40) que ya ejercitan métodos ilegales.
(El Comercio, 30 de agosto del 2005)