Revocatoria sin incentivos perversos

Como en pocas oportunidades, en estos días se debaten temas de reforma política. En este contexto, la propuesta que están presentando, de manera conjunta los tres organismos electorales, sobre la Ley de Participación y Control Ciudadano, 26300, tiene la particularidad de estar fundamentada no solo en principios generales, como son los derechos de participación y control, sino también en el análisis y el balance de las revocatorias en los 16 años de existencia. La propuesta señala que se debe mantener la revocatoria, pero como un mecanismo excepcional, por lo que se hace necesario eliminar aquellos incentivos perversos que el diseño actual permite. 

En nuestro país, entre 1997 y 2013, han sido sometidos a procesos de consulta popular de revocatoria 4.712 autoridades municipales, habiéndose revocado a 277 alcaldes y 1.254 regidores. Esto coloca al Perú con más procesos de revocatoria en el mundo (y con mayor cantidad de autoridades revocadas), siendo que, en América Latina, Ecuador solo ha sometido a consulta a 68 autoridades y Colombia a 32.

En este periodo se observa que –en un contexto de precariedad institucional, ausencia mayoritaria de partidos políticos y baja cultura política democrática– el incentivo para usar la revocatoria ha sido, mayoritariamente, la captura del municipio (o gobierno regional) a través de las llamadas Nuevas Elecciones Municipales (NEM). El incentivo del control ciudadano encaminado a revocar a la autoridad fue superado por el intento de adelanto de las elecciones, a través de la NEM, como se ha manifestado en la última década y media.

Las NEM producen impactos en varios niveles. El primero, haberse convertido en el principal incentivo para solicitar la revocatoria. Un gran porcentaje de quienes se encuentran comprometidos en este proceso son ex candidatos y ex alcaldes que han visto en las NEM una puerta que se abría allí donde perdieron a través de un proceso electoral. En segundo lugar, se crea perjudiciales periodos de provisionalidad, pues entre la revocatoria de una autoridad y las NEM hay meses con autoridades provisionales, por lo que hay alcaldes y/o regidores cuyo mandato ha terminado siendo corto. Esto ha sometido al municipio a un fraccionamiento del periodo de mandato, en el que difícilmente una autoridad tiene tiempo suficiente para desarrollar una gestión de manera adecuada.

Finalmente, posterior a las NEM, en muchos municipios el alcalde pierde la mayoría absoluta (la mitad más uno del número legal del concejo) que obtuvo cuando ganó las elecciones, en el que fue elegido bajo un sistema electoral (premio a la mayoría) que justamente permitía tener una mayoría suficiente para poder gobernar. Incluso hay casos en que municipios con cinco regidores, la gran mayoría en el país, han terminado con tres o cuatro organizaciones en el concejo municipal.

En no pocos casos, si se revocan regidores, pero no al alcalde, como el caso de Lima, varias organizaciones que promovieron o apoyaron las revocatorias no participan en las NEM, pues el incentivo mayor era el adelanto de la elección del cargo de alcalde. Por ejemplo, en las NEM del 2010, en determinadas circunscripciones, como San Cristóbal de Raján, Islay, Choco, Condoroma, Salcahuasi, San Pedro de Huancayré, Inambari, Chotaja, no se presentó ninguna lista de candidatos. En estos distritos las autoridades provisionales se convirtieron en permanentes. 

En consecuencia, la eliminación de las NEM permitiría retirar el principal incentivo perverso de las revocatorias y que han tenido un costo institucional, político y económico muy alto.

Una salida a las NEM, como sucede en otros países, es utilizar la vía de la sucesión. Es decir, si se revoca a un alcalde, asume el teniente alcalde. En el caso de presidente del gobierno regional, ocuparía el cargo el vicepresidente regional. En el caso de los regidores y consejeros, los suplentes de las listas de candidatos. De esta manera se mantiene el mecanismo llamado revocatoria, pero en un marco legal sin incentivos perniciosos, ajustando los procedimientos para un uso más eficiente y responsable (La República, 23 de mayo del 2013).