El mecanismo de revocatoria se introduce, por primera vez en nuestro marco constitucional, en 1993, junto con otras figuras como el referéndum, la remoción de autoridades, iniciativa legislativa, entre otras.
En aquel entonces el llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), que tenía 80 miembros, estaba integrado por Cambio 90/NM, con 44 escaños, seguido del PPC con 15, el FIM con 7, Renovación con 6, MDI (el único grupo de izquierda) y el CODE con 4, el Frenatraca con 3, FREPAP con 2 y el MIA, como el SODE, con uno cada uno. Es decir, el fujimorismo tenía mayoría absoluta.
No participaron en la elección, por oponerse al gobierno de Alberto Fujimori, luego del golpe del 5 de abril de 1992, el APRA, AP e Izquierda Unida.
En el momento de discutir el artículo 31, en la parte concerniente a la revocatoria, confluyeron las posturas del fujimorismo (Cambio 90/NM), con su crítica a las instituciones y a los partido políticos, el MDI bajo la idea de la insuficiencia de la democracia representativa, que debía ser compensada con mecanismos de democracia directa. Desde fuera, el Instituto Libertad y Democracia, con Hernando de Soto, asesor del gobierno en esa etapa, se sumó a la propuesta. El artículo fue aprobado con 56 votos a favor y 11 en contra. Entre los que se opusieron estuvieron Lourdes Flores (PPC), José Barba Caballero (CODE), Francisco Tudela (Renovación) y Róger Cáceres Velásquez (FNTC).
A los pocos meses de promulgada la Constitución, en 1994, en la Comisión de Constitución, los congresistas José Gustavo García Mundaca (MIA), Barba Caballero (CODE), y Roger Cáceres Velásquez (FNTC), estos dos últimos opuestos a la revocatoria, hacen suyo un proyecto de ley, preparado por la ONG “Centro de Estudios Parlamentarios y Sociedad” (CEPYS), fundada tres años antes y dirigida por Raúl Alcántara, Gustavo Gallo Cortés y Jorge Campana Ríos, que es la base de la Ley. En base a esa propuesta, el MDI presentó otra y se recibió un documento de Francisco Miró Quesada Rada.
Con el voto mayoritario del CCD, nació la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (26300), a la que se le han hecho tres modificaciones, queriendo mejorar la norma y lo único que se ha logrado, es introducir nuevos problemas. Después del 17 de marzo, es impostergable reformar la ley, tratando de sacar la mayor ventaja de las lecciones aprendidas (La República, 9 de marzo del 2013).
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