Si el mecanismo de revocatoria es, de alguna manera, un índice de descontento de la población en relación con sus autoridades, después de 15 años de aplicación en el Perú, se puede concluir que los peruanos estamos muy descontentos con las autoridades de elegimos. Pero eso es solo una primera impresión.
Desde 1997, para la realización de ocho procesos de consulta popular de revocatoria, se han comprado 12.636 kits electorales, que son los formatos para recoger firmas de adhesión que deben acompañar un pedido para revocar a las autoridades, cubriendo casi todos los distritos y provincias del país. Es decir, casi no hay promotor que no quiera revocar a alguna autoridad.
De ese total, fueron sometidos a procesos de consulta popular de revocatoria 4.669 autoridades municipales, habiéndose revocado a 277 alcaldes y 1.240 regidores.
En algunos casos se observa incluso distritos en los que se han realizado cuatro procesos de consulta, siendo ya un caso paradigmático San Cristóbal de Cochán, en San Miguel, Cajamarca, en donde se han desarrollado cinco consultas. No hay alcalde elegido que no haya pasado por un proceso de revocatoria.
En todos los casos, salvo Lima, los promotores han estado relacionados directa o indirectamente con las organizaciones que perdieron las elecciones. Por lo que es bueno preguntarse: Si bien se ha ejercido un derecho constitucional, ¿este número, el más alto del mundo, ha permitido tener una mejora en la calidad de la democracia a nivel local? (La República, 6 de marzo del 2013).