A sola firma

Dicen que la firma cuesta una galleta, otros señalan un polo o lapicero. Los firmantes no saben, muchas veces, si lo hacen por un partido o una revocatoria o por ser parte de los beneficiados fonavistas. Resulta claro que conseguir firmas es algo más que el encuentro entre una organización de voluntarios y ciudadanos desconfiados o a la caza de ventajas para estampar su preciada firma. Es, a todas luces, un parto doloroso.

Lo cierto es que las firmas han estado presentes en nuestra vitrina política, no sobre ese supuesto esfuerzo colectivo, sino por las denuncias sobre la falsificación de firmas, como ocurrió a fines de siglo, para el caso del grupo fujimorista Perú al 2000 y, posteriormente, Perú Posible. Ahora último, el Ministerio Público ha anunciado que denunciará al Movadef por supuesta falsificación de firmas.

La pregunta es si la presentación de firmas de adherentes para lograr una inscripción es un requisito que realmente permite demostrar la existencia organizada de quien la solicita. Todo parece indicar que no es así.

En plena transición a la democracia, con motivo de las elecciones de 1978, la ley electoral exigía a los partidos políticos presentar 40 mil firmas de adherentes. Era el principal requisito. En 1984, el número se incrementó a 100 mil. Sin embargo, con mejores aparatos y capacidad de organización y movilización, los partidos políticos de aquel entonces, sufrían para conseguir firmas.

En 1995, la ley pasó a considerar un porcentaje del padrón, 5%, es decir alrededor de medio millón de firmas. Más tarde, en el 2003, la Ley de Partidos Políticos, redujo el porcentaje al 1%, pero sobre el universo, ya no del padrón, sino de los electores que fueron a votar en la última elección. Finalmente, en el 2009, se incrementó al 3%. Lo curioso es que, a diferencia de la década de los 80, el desplome del sistema partidista trajo consigo partidos personalistas de débil organización y baja cohesión, pero llegaron a presentar, en conjunto, más firmas que los anteriores, pese a que el requisito había aumentado considerablemente. Incluso, para las elecciones del 2000, el número total de firmas presentadas, ¡superaba al número de electores del padrón!

Pese a esta situación contradictoria, hay muchos partidos que fueron inscritos. Para las elecciones del 2006, se inscribieron 36 partidos políticos y para las últimas del 2011, el número llegó a 24. Formalmente sí cumplieron con el requisito de ley, pero realmente, otra parece la situación.

Si bien muchas firmas que se presentan son válidas, no necesariamente son verdaderas, puesto que para que una sea considerada como tal, se requiere un examen grafológico, realizado por peritos criminalísticos. Es así que la ONPE valida una firma cuando la que es presentada se parece a la que tiene el RENIEC, en sus respectivos registros. No valora su veracidad. Muchas de ellas pueden pasar como válidas, aun cuando pueden ser firmas falsas.

En caso de una investigación sobre falsificación de firmas, salvo que se demuestre que existe una estrategia de operación de los niveles altos del partido destinada a tal fin, nadie se hace responsable del delito. El militante, voluntario o contratado, siempre puede argumentar que el ciudadano se equivocó, lo engañó o no supervisó bien. No existe penalidad efectiva y eficaz para controlar el dolo.

Este requisito ha resultado inútil para demostrar que un partido existe, de la misma manera que oneroso para el Estado, puesto que se gasta en personal, logística, administración, seguridad, equipos, programas, etc. Eliminarlo como requisito de inscripción es un paso certero. Pero debe estar necesariamente acompañado del incremento y mejor supervisión de los comités partidarios, que sí demuestran que el partido existe, dotando asimismo a los organismos electorales de una eficaz capacidad sancionadora. Con esta modificación, ya no tendremos partidos que se inscriben  a sola firma (La República, 26 de enero del 2012)